El abogado Elio Riera, defensa legal del expresidente Alberto Fujimori, ha presentado esta tarde un escrito a la Corte Superior de Justicia de Ica para insistir con la libertad de su patrocinado, en atención al fallo del Tribunal Constitucional que declaró, por mayoría, restituir el indulto humanitario a favor del exjefe de Estado.
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De acuerdo al escrito, al que tuvo acceso Correo, Riera pide, incluso, desconocer lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el último miércoles pidió al Estado peruano que se abstenga de proceder con la libertad de Fujimori mientras no resuelva la solicitud de medidas provisionales por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El documento ha sido enviado a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Ica para que este tribunal remita el expediente del caso Fujimori al juzgado de origen de dicha sede judicial.
“Que, en efecto, dicha decisión no es producto de una sentencia que haya emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco siquiera de una medida provisional, sino de una manera abusiva y amparada únicamente en criterios ideológicos que dominan la composición de dicho colegiado internacional, emplean una figura inexistente para frenar la liberación dipuesta por el más alto Tribunal del ordenamiento jurídico peruano”, señala el documento enviado a la Corte Superior de Justicia de Ica.
Señala además que el requerimiento de la Corte IDH al Estado es un “acto ilegítimo” y que el fallo del TC solo puede ser revertida por una sentencia del organismo supranacional “cuando se ha agotado la jurisdicción interna”.
“He solicitado el cumplimiento inmediato de lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Confío en su autonomía y en la validez de su fallo”, dijo Riera a esta publicación.
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Como se sabe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene prevista mañana una audiencia sobre la solicitud de medidas provisionales por parte de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En dicha sesión, la Corte IDH convocó a los representantes del Estado peruano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de los representantes de las víctimas.
En la misma resolución, el organismo supranacional instó al Estado a no ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional antes de resolver la solicitud de medidas provisionales.