¿Dejarlo que siga cumpliendo su pena en prisión o variarla a arresto domiciliario? Esa es la gran pregunta que debe resolver la Sala Penal Especial de la Corte Suprema tras el dramático llamado que realizó ayer el expresidente Alberto Fujimori para no pasar sus últimos días en la cárcel.
Fujimori, quien fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por los casos Barrios Altos y La Cantuta, se encuentra recluido desde hace siete años en la prisión de la Diroes, en el distrito de Ate-Vitarte. Su salida está programada para el 2032, cuando tenga 95 años.
Dio sus razones. El exmandatario, quien ha sido operado hasta en seis oportunidades debido a un carcinoma (cáncer) en la lengua, fundamentó su pedido de variación de prisión por la de arresto domiciliario ante el tribunal especial que se trasladó hasta el recinto carcelario.
El reo de la Diroes argumentó razones de salud y fue enfático en decir que hará efectivo el cumplimiento de “la sentencia de los 25 años, pero en condiciones más humanitarias”.
“Soy una persona de 76 años, con los achaques propios de la edad, y además afectado de varios males crónicos que vienen desde hace 15 años. Las condiciones actuales de encierro las agravan aún más. He sido intervenido seis veces, cinco de estas en prisión, por cáncer en la cavidad bucal, manifestándose además alarmantes síntomas: picos de hipertensión arterial grave que ha llevado incluso a que presente un cuadro de isquemia cerebral (interrupción del suministro de sangre al cerebro)”, narró.
Recordó que incluso los médicos lo han catalogado como un paciente de “alto riesgo”, por lo que remarcó que su pedido, que no obvia el cumplimiento de la sentencia, es para no poner en riesgo su salud mental ni física como ser humano.
“Ruego a los distinguidos miembros de esta sala suprema comprender las razones humanitarias de mi pedido sin dejar el aspecto jurídico para que pueda superar este encarcelamiento que en la práctica constituye para mí una pena de muerte lenta. Si continúo así, exhalaré mi último suspiro antes de cumplir la condena total, pues no creo que sobreviviré hasta los 95 años”, exclamó Fujimori.
El expresidente añadió que, pese al encierro, “la esperanza revolotea por su mente”, pues aseguró ser “totalmente inocente”.
Debe atenderse. A su turno, el abogado de Fujimori, William Paco Castillo, también hizo hincapié en la avanzada edad de Fujimori y su muy “precario” estado de salud, por lo que, en procura de los derechos humanos, del respeto a la vida, del fin resocializador de la pena y de la dignidad humana -sostuvo- su pedido tendría que ser atendido.
Pero no solo eso. El defensor legal del expresidente anotó que no se le puede negar a Fujimori la variación de prisión efectiva por la de arresto domiciliario alegando que cometió delitos de lesa humanidad, porque ello no fue así.
Cabe precisar que según la Corte IDH, los delitos contra la humanidad los constituyen el genocidio, la desaparición forzada, la tortura, la discriminación y la manipulación genética, por los que no ha sido sentenciado Fujimori.
Paco Castillo anotó que el recurso solo fue apelado por la defensa, mas no por el Ministerio Público ni la Procuraduría Anticorrupción, por lo que no se podría tomar en cuenta la posición de estos en la resolución de la nueva demanda.
Más adelante, el abogado anotó que no solicitan un trato “exclusivo” para Fujimori, sino que hasta podrían sentar jurisprudencia para que otros presos, con enfermedades más graves, puedan también terminar sus días cumpliendo arresto en sus domicilios.
“Vemos gente que se muere dentro de las prisiones. Si bien Fujimori no tiene condiciones paupérrimas, por ello no vamos a decir que se muera acá (en prisión). Lo que propugnamos es que esto se dé en todas las cárceles”, sostuvo.
DEL OTRO LADO. Sin embargo, el fiscal Alcides Chinchay pidió a la Sala que rechace la pretensión de Fujimori con el argumento de que “lo que está pidiendo es que no se cumpla la pena” privativa de la libertad.
“Dice que si está encerrado en la Dinoes, por qué no puede estar encerrado en su domicilio. Lo cierto es que la pena no es un encierro, sino que la pena consiste en un tratamiento”, aseveró.
Recordó además que Fujimori viene recibiendo un tratamiento médico.
“El principio de humanidad de la pena no quiere decir que no haya pena. Por otro lado, se está confundiendo la figura del arresto domiciliario, cuyo fin es garantizar que un procesado no evada a la justicia, y no beneficiar a un sentenciado, como es el caso”, manifestó el fiscal.
Los argumentos fueron escuchados por el colegiado integrado por los magistrados Luis Cevallos Vegas, Mariem De La Rosa Bedriñana y Víctor Malca Guaylupo, quienes en 15 días deberán resolver esta nueva papa caliente para el Poder Judicial.