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El expresidente Alejandro Toledo, reclamado por la Justicia de su país por delitos de corrupción, seguirá en libertad bajo fianza hasta que se resuelva el recurso de apelación que interpuso hace unas semanas contra su extradición aprobada por el Departamento de Estado de EE.UU.
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El juez Thomas S. Hixson, de la corte federal del Distrito Norte de California, se pronunció a favor de la defensa del exmandatario, que le había pedido esperar a que el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones, con sede en San Francisco, resuelva dicho recurso.
Semanas atrás, el Gobierno de Estados Unidos había pedido a este juez que Toledo ingresara en prisión preventiva, ya que al aprobarse su extradición podía aumentar el riesgo de fuga.
Hixson decidió este jueves mantener la libertad de Toledo aunque aseguró que si el Noveno Circuito determina que la extradición debe seguir adelante, ordenará al expresidente peruano que se entregue.
Tanto el propio Toledo, que compareció virtualmente, como su abogado, aseguraron que el expresidente se entregará si pierden el recurso de apelación, mientras que los fiscales federales que intervinieron en este caso insistieron en pedir que fuera detenido.
La situación de salud de Toledo (76 años) ha sido otro de los argumentos esgrimidos por sus representantes legales durante todo el proceso, pues consideran que la resolución final “podría tardar meses”, por lo que “languidecería esperando en una celda”. Este aspecto fue tenido en cuenta por el magistrado, quien explicó que ha decidido no encarcelar de momento al político, porque mientras sigue vivo el recurso no hay plazos marcados para la extradición.
Antes de que comenzara la vista de este jueves se supo que Toledo ha presentado una demanda contra la Secretaría de Estado, pero ahora ante una corte de Columbia (EE.UU.), por querer extraditarlo sin seguir el debido proceso y habiendo, supuestamente, violado la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU.
Toledo fue presidente entre 2001 y 2006 y está acusado de recibir decenas de millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla en sus negocios en Perú, cuando aún era mandatario.
En concreto, ha sido investigado por lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
El exmandatario fue detenido en 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años, y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel al serle concedida la libertad bajo fianza por la pandemia.
En septiembre pasado, la Justicia de EE.UU. aprobó su extradición a Perú, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final quedó en manos del Departamento de Estado, que concedió la extradición el pasado 23 de febrero.
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