Alejandro Toledo no volverá a prisión en EE.UU. porque su salud mental “se encuentra en declive”

El juez de Estados Unidos a cargo de evaluar la extradición del expresidente Alejandro Toledo determinó que no debe volver a prisión, a pesar de que lo ha solicitado la fiscalía de dicho país, tras considerar que su estado de su salud mental se encuentra deteriorado.

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Según informó Efe, el escrito con la resolución del magistrado Thomas Hixson de la Corte del Distrito Norte de California considera que Toledo Manrique presenta un riesgo de fuga, tal y como lo evaluó el fiscal que defiende la posición peruana de extradición, pero también evalúa que su salud se ha deteriorado, así como la de su esposa, Eliane Karp.

“Ambos necesitan tratamiento médico continuado, y (en Estados Unidos) tienen una situación vital estable que les permite acceder a este tratamiento”, justificó Hixson en su orden.

Otra parte del fallo del juez Hixson detalla que apresar nuevamente al exmandatario investigado por pagos ilícitos de Odebrecht podría afectar su salud mental “que ya se encuentra en declive”.

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También le dio la razón al abogado de Toledo debido a que, a sus 75 años, el más vulnerable ante una posible infección de COVID-19.

A esto se suma que el expresidente se está recuperando de una caída que sufrió en julio que le generó una fractura en el hombro derecho que tuvo que ser operada. Asimismo, Eliane Karp padece de artrosis degenerativa en la cadera que también amerita una operación.

“Encarcelar a Toledo sería una crueldad innecesaria”, concluyó el magistrado.

A finales de septiembre, y tras un proceso judicial que se alargó por más de dos años, Hixson avaló que el exmandatario sea extraditado a Perú, donde está acusado de haber recibido sobornos en su etapa como presidente.

Tras ese fallo, Toledo presentó un recurso de “habeas corpus” que todavía se tiene que resolver, y se encuentra también a la espera de lo que decida el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, que es la autoridad que en última instancia debe ordenar que se proceda con la extradición.

El exmandatario fue detenido en julio de 2019 en California, donde ha residido durante los últimos años y estuvo ocho meses en prisión al apreciar el juez un riesgo de fuga, aunque finalmente pudo salir de la cárcel y pasar a una situación de arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de covid-19.

Según las investigaciones de la Fiscalía peruana, el exmandatario habría recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando aún era jefe del Gobierno.

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