Hay un gran revuelo en el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la provincia de Lambayeque, debido a que uno de sus coordinadores, durante su contratación, habría omitido que registra una denuncia policial por presunta violencia psicológica en agravio de su hermana y una sentencia por omisión a la asistencia familiar.
Denuncia policial
Se trata de Johnny Enmanuel Namuche Paiva, quien desde noviembre del 2022 se desempeña en el Centro Emergencia de la Comisaría PNP San Martín de Porres de Lambayeque.
De acuerdo a la documentación alcanzada por trabajadores del ministerio de la Mujer en la región, quienes pidieron mantener su identidad en reserva, la denuncia policial se registró en agosto del 2021; mientras que el juicio por alimentos concluyó, el 02 de diciembre del 2024, en una resolución con reserva de fallo (expediente N°3515-2023).
Además, estos documentos advierten que también fue demandado por filiación, debido a que se negaba a registrar a su menor hijo, y que en noviembre del 2024, es decir, cuando ya era parte del CEM, fue detenido por la Policía Nacional en mérito a una requisitoria del Juzgado de Lambayeque por el caso de alimentos.
“Según nuestros protocolos una persona con estos antecedentes no puede ser designado en una plaza o cargo del ministerio de la Mujer. Aquí hay algo muy irregular y la jefatura nacional del CEM ya está al tanto”, expresó uno de los denunciantes que pudo entrevistar este diario.
Además, Correo conoció, a través de fuentes de la institución, que, a mediados de marzo, la dirección del CEM, luego de analizar el caso, dispuso el despido de Namuche y emitió una resolución, pero esta no se materializó.
Por ello, los denunciantes pidieron la intervención de la ministra de la Mujer, de la Contraloría General y de la Fiscalía por las delicadas situaciones que se habrían configurado en este caso, ya que un agresor no está en la capacidad de atender a una víctima de violencia.
¿Intereses?
En su defensa Namuche, quien antes de ingresar al Estado se desempeñó como periodista y locutor, ha sostenido que la difusión de ambos casos son parte de una campaña para desprestigiar su labor de apoyo para el adecuado funcionamiento de los servicios del CEM.
Pero lo sucedido alcanza a la congresista Marleny Portero López (Acción Popular) y al alcalde de Lambayeque, Percy Ramos Puelles. Hace poco apareció en Facebook una publicación denominada “La cereza del pastel”, que luego fue borrada, donde se detalla que, al conocer que Namuche sería retirado de su cargo, ambas autoridades, de manera interna, hablaron con la ministra, Edith Pariona, y su equipo sobre el “buen trabajo” que viene realizando el cuestionado servidor.
Los denunciantes, que se comunicaron con esta publicación, también demandaron que Portero deje de proteger a sentenciados, ya que eso impide que respondan por sus faltas cometidas.
Cabe indicar que Namuche figura en el directorio del programa Warmi Ñan (exAurora), diseñado para la prevención de la violencia.
Al respecto, la comisionada de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, Mariela Carrillo, confirmó a Correo que este caso también fue comunicado a su institución, pero de forma anónima. “Aunque se presuma de corrupción, es la entidad contratante, o sea el ministerio, el que está en la obligación de dar una respuesta a los denunciantes. Esa es la orientación que hemos brindado”.
MIMP se pronuncia
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) reiteró su rechazo a toda forma de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y exhortó a las autoridades del sistema de justicia a actuar con celeridad dentro del marco de sus competencias.
A través de un comunicado difundido este 3 de abril, la entidad informó que ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar ante la presunta omisión de información por parte de un trabajador del Centro Emergencia Mujer y Familia de San Martín de Porres, en la región Lambayeque. La indagación está a cargo de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, en el marco del Programa Nacional Warmi Ñan.
El MIMP precisó que esta medida busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, en estricto respeto al debido proceso.
Asimismo, el sector reafirmó su compromiso con la integridad, la transparencia y la idoneidad en la prestación de servicios públicos, especialmente en la atención de casos de violencia. En esa línea, subrayó que se adoptarán las acciones necesarias con firmeza, a fin de garantizar la protección de las víctimas y el correcto funcionamiento de los servicios del Estado.
