Hito. Este fin de semana Palacio de Gobierno fue escenario del acto de allanamiento más extenso de los seis realizados de lo que va de la gestión de Pedro Castillo Terrones.

Personal del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder culminó la incautación de las grabaciones de las cámaras de seguridad de accesos de la Casa de Pizarro y la residencia presidencial de los días 8, 9 y 10 de agosto tras una labor de 16 horas. Ello, en el marco de la pesquisa que se le sigue a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes Navarro, que hoy cumple prisión preventiva en el Penal de Mujeres (Chorrillos).

DETALLE. Desde que el docente chotano asumió la Presidencia en agosto del 2021, al menos seis diligencias fiscal se han ejecutado en Palacio de Gobierno por investigaciones relacionadas a su entorno más cercano.

El último allanamiento, que estuvo a cargo del fiscal Jorge García, inició el viernes al promediar las cinco de las tarde. No obstante, el personal del Ministerio Público se retiró del lugar ayer alrededor de las 10:30 de la mañana con varios sobres manila lacrados en los que se hallaban memorias portátiles con el material recabado.

POSTURA. Al término de la diligencia, la defensa legal del presidente Pedro Castillo anunció que presentará un recurso de casación contra la orden judicial que autorizaba la diligencia fiscal.

Desde los exteriores de Palacio, Benji Espinoza, abogado del mandatario, explicó que cuentan con 10 días hábiles para formular el recurso y que, de prosperar, el Ministerio Público no podrá utilizar las imágenes incautadas para determinar si Yenifer Paredes estuvo en Palacio el día en que se dictó su detención preliminar (9 de agosto).

Además, recalcó que con el allanamiento se “atacó” la vivienda del jefe de Estado y no la residencia de la investigada.

A su vez, Eduardo Pachas, también abogado de Castillo, consideró que la Sala Penal de Apelaciones no tiene competencia para disponer la realización de diligencias para investigar al mandatario “so pretexto del caso de Yenifer Paredes”.

En tanto, abogados del coronel PNP Harvey Colchado, líder del grupo policial que apoya a los fiscales en sus investigaciones, defendieron -en RPP- el allanamiento.

“La inmunidad es de la persona o del funcionario, no del espacio físico. Para que sea el caso, alguna norma o la constitución debería indicarlo y no lo dice”, señaló el constitucionalista Luciano López.