El “hermanísimo” presidencial, Nicanor Boluarte, y el abogado Mateo Castañeda podrían afrontar varios años de prisión por delitos de tráfico de influencia y organización criminal en el caso “Los waykis en la sombra”.
Para Nicanor Boluarte, el Ministerio Público estima hasta 31 años de pena privativa de la libertad tras acusarlo de instrumentalizar el aparato estatal en las prefecturas y subprefecturas provinciales de la región Cajamarca.
Además, se le imputa por hacerse de dádivas económicas por su influencia ilícita en la designación de tales funcionarios y, a la vez, de obligarlos a recabar fichas de afiliación política para el partido Ciudadanos por el Perú, con el que estaría vinculado.
El caso del abogado Mateo Castañeda también es grave. La Fiscalía calcula 12 años de cárcel para él por los mismos delitos: tráfico de influencias y organización criminal.
ANÁLISIS
Sobre ambos, el penalista Andy Carrión opinó que los cálculos del Ministerio Público están bien sustentados respecto a la participación y el grado de contribución a los hechos investigados.
“En el caso de Boluarte, por el hecho de tener mayor protagonismo la Fiscalía ya hizo una prognosis de pena en la propia resolución, que alcanza los 31 años de prisión, mientras que en el caso de Mateo Castañeda indica que ameritaría 12 años de pena privativa de la libertad”, resaltó el abogado a Correo.
Adelantó que luego de los 10 días de detención preliminar que afrontan ambos investigados, el Ministerio Público plantearía un pedido de prisión preventiva.
“Tiene suficientes evidencias como para pasar a la siguiente etapa, y aquí lo vital es quiénes se van a someter al procedimiento de colaboración eficaz hasta entonces”, agregó el especialista.
De otro lado, advirtió que Nicanor Boluarte ejercería un poder de facto otorgado por su hermana, la presidenta Dina Boluarte, y que lo que correspondería sería que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) envíe un informe a la Fiscalía de la Nación para que evalúe si ameritaría, o no, una investigación contra la jefa de Estado.
Similar opinión tuvo el penalista James Rodríguez. En diálogo con este diario remarcó que las penas a los detenidos podrían elevarse si se encuentran otros delitos en el caso en los próximos días.
“Por supuesto que podría acumularse otros delitos para ambos investigados. En estos días que se realizan las diligencias pueden revelarse o configurarse algunos delitos que pueden ser incluidos en el requerimiento de prisión preventiva”, declaró.
Rodríguez explicó que el Ministerio Público obtendrá nueva información a raíz de la incautación de los registros de teléfonos, chats, vídeos, computadores y que, a partir de ese punto, se sustentará el pedido de prisión preventiva. Refirió que es muy posible que se solicite luego de los 10 días de detención preliminar.
