(Foto de Diego Ramos / AFP)
(Foto de Diego Ramos / AFP)

La ONG Amnistía Internacional (AI) presentó su informe final sobre las protestas que se dieron durante los primeros meses de gobierno de Dina Boluarte en diversas regiones del país donde murieron más de 60 personas, ¿cuáles fueron sus conclusiones y recomendaciones?

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El documento de 77 páginas señala -al inicio de su conclusión- que del análisis realizado en los casos de Andahuaylas, Chincheros (Cusco), Ayacucho y Juliaca (Puno)  las fuerzas de seguridad dispararon de forma letal “contra manifestantes pacíficos, transeúntes, personal de brigadas médicas u observadores”.

“O contra personas cuyas acciones violentas no ameritaban una respuesta tan extrema y excepcional como lo es el uso de munición letal. Las armas letales están diseñadas para privar de la vida a las personas, y por ello deben ser accionadas únicamente cuando la vida o integridad de una o varias personas está en peligro inminente”, se acota.

Asimismo, se indica que, en 25 casos documentados por Amnistía Internacional, las heridas que causaron la muerte se ubicaron en zonas de alta letalidad, lo que apuntaría a que no fueron disparos al alzar, sino intencionados.

“Si bien cada Macro Región Policial definió su propio plan operativo comandado por el jefe regional, las similitudes encontradas sobre el uso de la fuerza letal usado de forma generalizada en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca darían cuenta de una estrategia nacional que trasciende las regiones, donde la muerte de personas se consideró como una estrategia con la que sembrar el miedo y lograr paralizar las movilizaciones”, se acota en las conclusiones. Agregaron que las autoridades habrían llevado a cabo ataques generalizados en contra personas que se manifestaban y con un marcado sesgo racista, además de que existieron “ejecuciones extrajudiciales y muertes arbitrarias”.

En las recomendaciones de AI piden a  la Presidencia condenar públicamente el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad; desarrollar e implementar medidas efectivas de forma inmediata que impidan el uso de la fuerza letal o de armas inadecuadas y prohibidas para el control de manifestaciones en el Perú.

“Abstenerse de difundir discursos estigmatizantes contra las personas manifestantes y desinformación con respecto a protestas sociales.  Llevar a cabo, a la brevedad posible, un diagnóstico de la situación de racismo estructural en el Perú comenzando con una invitación oficial al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Relatora Especial de la ONU sobre las Formas Contemporáneas de Racismo con el fin de que visiten el país y puedan elaborar una hoja de ruta con base en recomendaciones estructurales en la materia”, se acota.

También se indica que se debe asegurar la plena cooperación con las investigaciones en curso realizadas por la Fiscalía de la Nación y  garantizar una reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familias, que debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y los perjuicios sufridos.

“Esta reparación debe incluir compensación monetaria, asistencia médica integral y rehabilitación continua, atención psicológica especializada y otras medidas de protección de derechos a la educación y al trabajo. La reparación integral debe ser inmediata, aun cuando no se hayan concluido las investigaciones sobre los hechos o llevado a los responsables ante la justicia”, se detalla.

El informe incluye recomendaciones al Ministerio Público, Congreso, Policía Nacional y Ejército Peruano.

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