El Poder Judicial amplió, por 12 meses, la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo Terrones en la investigación de la presunta organización criminal que habría operado durante su gobierno.
La medida fue dictada por el juez supremo Edhin Campos Barranzuela, quien acogió el requerimiento del Ministerio Público y extendió la cárcel provisional del exmandatario hasta marzo de 2027, tras considerar que no han variado las condiciones que motivaron su encierro.
Antecedente
Según la tesis fiscal, Castillo habría encabezado una red que operó desde el Ejecutivo entre 2021 y 2022, presuntamente direccionando obras públicas y contratos en entidades, como el Ministerio de Vivienda y Provías Nacional, a cambio de beneficios ilícitos.
El juzgado supremo concluyó que persisten los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, así como la complejidad del caso, que involucra a múltiples investigados y una serie de actos en la pesquisa, aún en curso.
En esa línea, el magistrado Campos Barranzuela sostuvo que la prisión preventiva resulta proporcional y necesaria para garantizar el desarrollo del proceso penal y descartó la posibilidad de sustituirla por una medida menos gravosa.
En contraparte, la defensa del exjefe de Estado cuestionó la decisión y anunció que apelará, pues consideran que la prolongación de la prisión preventiva es excesiva y vulnera sus derechos.
Cabe precisar que este proceso es distinto al del golpe de Estado de diciembre de 2022, por el cual Castillo tiene una sentencia condenatoria y enfrenta cargos por rebelión y otros delitos.
Con esta decisión, el exmandatario continuará recluido luego de más de tres años en prisión, mientras avanzan las investigaciones fiscales por uno de los casos más graves abiertos tras su paso por el poder.
“Cómplice”
El exministro de Vivienda Geiner Alvarado también figura como investigado por, presuntamente, integrar la organización criminal que habría operado desde el Ejecutivo para direccionar obras públicas.
Según la Fiscalía, habría cumplido un rol clave en la adjudicación irregular de proyectos, especialmente en Provías Descentralizado, a cambio de beneficios ilícitos.
En esa línea, el juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso ampliar por siete meses su prisión preventiva, al considerar que persiste el peligro de fuga y que la defensa no logró desvirtuar este riesgo, por lo que una medida menos gravosa no resulta idónea.
“El peligro de fuga persiste, aunque el plazo solicitado por la fiscalía no resulta proporcional, por lo que es posible la prolongación de prisión preventiva por un plazo menor al solicitado”, reza la resolución.
Si bien la Fiscalía solicitó 24 meses, el magistrado fijó un plazo menor al estimar que no era proporcional.
