La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselli Amuruz (Avanza País), presentó una moción para exhortar a la presidenta Dina Boluarte a evaluar la suspensión de aportes que realiza el Perú a la Organización de Estados Americanos (OEA) por más de US$ 968,500.00 anuales.
Su petición fue publicada en sus redes sociales. Allí Amuruz argumentó que el país, desde la década de 1980, ha pasado por un proceso de terrorismo cuyos cabecillas lamentablemente han obtenido “decisiones favorables” en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
“Es penoso para nuestra democracia en América Latina que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte IDH protejan a los terroristas. Gran parte de ellos recae en la labor de los órganos que son competentes para la defensa del Estado ante esas instancias internacionales”, indica.
En otra parte, explica que el Perú sigue pagando cuotas anuales ascendente a US$ 968,500.00 para que el Sistema Interamericano, en lugar de proteger los derechos humanos de los ciudadanos, dé sentencias en protección de terroristas.
“A estos aportes de Estado se suman, en forma perjudicial, los aportes de Organismos No Gubernamentales y Estados Europeos que no forman parte del Sistema Interamericano. Al respecto, Global Center for Human Rigths informa que a la Comisión y Corte IDH aportan sospechosamente España, Noruega, Finlandia, Países Bajos, entre otros”, refiere.
Finalmente remarcó que presentó la moción ante las decisiones asimétricas y teniendo en consideración que los peruanos “no estamos enterados sobre la formalidad de jueces y comisionados propuestos para la Corte y la Comisión IDH”.
Como sabemos, la citada comisión admitió una demanda del terrorista Víctor Polay Campos en contra del Estado peruano por, aparentemente, haberse violado sus propios derechos humanos.
