Así operaba el "Club de la Construcción"

Ayer, el Ministerio Público y el Poder Judicial dieron un duro golpe contra la corrupción en un megaoperativo que desentrañó la maraña de empresas que operó, durante los años 2011-2014, en complicidad con un exfuncionario del gobierno de Ollanta Humala, repartiéndose la adjudicación de obras públicas a cambio del pago de coimas. 

En el operativo- solicitado por el Equipo Especial de la fiscalía y autorizado por la jueza María de los Ángeles Camacho- dictaron 43 allanamientos de inmuebles vinculadas a 30 firmas como Graña y Montero, ICCGSA e internacionales como Odebrecht, Queiroz Galvao, OAS, Camargo y Correa, entre otras.

También, dictaron seis detenciones preliminares, una de ellas fue para Carlos García Alcázar, quien permanece en la carceleta de la fiscalía por diez días. Se desconoce el paradero de los demás. 

Contra ellos, la fiscalia les imputa los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, en el marco de una organización criminal.

COFRADÍA

La fiscalía anticorrupción sostiene que el "Club" contó con tres componentes con roles específicamente distribuidos: los representantes de las empresas privadas (uno por cada empresa); el “nexo” de estas compañías ante el MTC, Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña; y Carlos Eugenio García Alcázar, a la sazón exasesor II del Despacho Viceministerial de Transportes. 

Cabe señalar que el titular de dicha cartera, en ese entonces, era Carlos Paredes Rodríguez.

Aprovechando su cargo, García Alcázar se habría encargado de canalizar el otorgamiento de la buena pro para los asociados del club, previo acuerdo ante sus representantes.

Este pacto colusorio implicaba que el exfuncionario del MTC recibiera el pago del 2.92% de la obra que era adjudicada, a través de su representante, Prialé de la Peña, el también llamado “lobista”.

Para demostrar su tesis, la Fiscalía contó la declaración con un exfuncionario de Odebrecht, que se sometió al proceso de colaboración eficaz y contó todo lo que sabía a fin de recibir beneficios penales. 

Según su relato, el colaborador- cifrado con el código N° 06-2017- señaló que tomó conocimiento de la existencia de dicho grupo en el segundo semestre del 2012, cuando la empresa estaba buscando oportunidades de proyectos en el sur del país, “teniendo contactos con diversos representantes de empresas peruanas y extranjeras”.

Entre las empresas estaban Cosapi, representada por “Marco Aranda”, Málaga, por “Félix Málaga”, y Graña y Montero, representado por “Nicolai Castillo”, entre otros.

“En algunas de esas reuniones con los representantes de empresas peruanas y extranjeras, el colaborador 06-2017 (funcionario de la empresa Odebrecht) manifestó el interés de la empresa por algunos proyectos de Provías Nacional en el sur del país que estaba por salir o por licitar o que estaban desarrollados, el comentario de que algunos representantes de las empresas peruanas y extranjeras fue que las licitaciones de Provías Nacional estaban vinculadas a la coordinación de un grupo de empresas peruanas y extranjeras denominado el ‘Club’”, se lee en el requerimiento fiscal.

Además, el colaborador señaló, con lujo de detalles, los lugares de reunión para el pacto colusorio: el lobbie bar del Swissotel, un restaurante en San Isidro y las oficinas de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco).

De hecho, recordó que, en una oportunidad, se reunió en Capeco con representantes de la mayoría de las empresas, con las que acordaron que se iban a formar grupos de 4 a 6 empresas. Cada uno de ellos nombraba un coordinador y a través de este se establecían las reuniones para el pago ilícito de las obras en los procesos de licitaciones de Provías.

Asimismo, el colaborador identificó a los coordinadores de las firmas nacionales y brasileñas como Andrade Gutierrez (Ricardo de la Flor); Johesa (José Heighs); Mota Engil (Norma Zipelli) y Rafael Granados (ICGSA).

La Fiscalía aclaró que la versión del colaborador está debidamente corroborada con otros elementos de convicción, que han sido valorados por la jueza.

El denominado club contaría con las características de una organización criminal de "trascendencia nacional" e incluso "internacional": Odebrecht.

El operativo continúa y el Equipo Especial viene analizando el material incautado en los inmuebles allanados.