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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dio por concluida este martes 11 de octubre la designación de Auner Vásquez Cabrera como asesor II, nivel F-5, de dicho portafolio.
A través de la Resolución N° 0309-2022-JUS también se dio por concluida la participación de Vásquez Cabrera en toda comisión o grupo de trabajo en lo que hubiere sido designado en representación del Minjusdh.
Como se recuerda, el juez Víctor Zúñiga, a pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, ha ordenado la detención por diez días del llamado “gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo.
Hasta el momento los detenidos son: Auner Vásquez Cabrera, Abel Cabrera Fernández, Salatiel Marrufo Alcántara, Biberto Castillo León y Eder Vitón Burga. El único que está no habido es Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea.
Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencia y encubrimiento personal.
En la estructura criminal, Sánchez Sánchez, Cabrera Fernández y Medina Guerrero tenían el rol de financistas y coordinadores de la organización. Marrufo y Vásquez ern los coordinadores. Mientras que Castillo León cumplía el rol de operador.
De acuerdo a la investigación fiscal, este grupo delictivo tuvo su origen después de la segunda vuelta electoral del año pasado. Como primer objetivo, tuvieron la captación de dinero desconocido para financiar la campaña del entonces candidato Pedro Castillo y así obtener ganancias ilícitas “una vez se obtenga el poder político”.
Una segunda etapa fue, ya con Castillo en Palacio, fue el copamiento de instituciones públicas para generar activos ilegales. En un tercer nivel, de acuerdo a la fiscalía, destacan los actos colusorios en las contrataciones públicas donde jugó un papel importante el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado y la emisión del decreto de urgencia 102-2021.
En una cuarta etapa de los objetivos de este presunto grupo delictivo, está la captación de congresistas por intermedio de acuerdos ilícitos como la entrega de direcciones y ministerios a cambio de votos favorables en el Congreso. En el quinto nivel, estaba establecer las redes de protección y encubrimiento.
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