La legisladora y ministra de Trabajo, Betssy Chávez, se encuentra en la mira del Congreso de la República tras no satisfacer con sus respuestas al pliego interpelatorio en su contra, el que fue respondido el pasado 12 de mayo. Por ello, desde Fuerza Popular presentaron una moción de censura en su contra.

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“Pese a haber contado con dos oportunidades (primero respondiendo el pliego interpelatorio y luego con su réplica ante los cuestionamientos de los congresistas en la sesión del pleno desarrollado en la fecha), no ha cumplido con absolver de forma idónea y a cabalidad las interrogantes planteadas, razón por la cual para la representación nacional se colige la falta de idoneidad y responsabilidad de la interpelada para seguir en frente de su sector, pues ha demostrado su incapacidad de gestión y negligencia en su actuación, condiciones que han perjudicado a todos los peruanos”, alegan desde el fujimorismo.

Asimismo, plantearon 15 motivos como argumento para que Chávez sea censurada:

1. El 14 de abril del presente año; es decir, en plena Semana Santa y cuando miles de peruanos se aprestaban a viajar para disfrutar, ya sea de unas breves vacaciones, o para cualquier otra finalidad, lo que generaría un beneficio al sector turismo dentro de nuestro país; desconociendo que al Estado le corresponde garantizar la prestación continua, regular, permanente y obligatoria del servicio de transporte aéreo y velar por su normal desenvolvimiento a tenor de lo dispuesto por la Ley 28525, y los artículos 82 y el literal g) del artículo 83 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo 010-2003-TR; el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó la huelga iniciada por el Sindicato Unificado de Controladores de Tránsito Aéreo del Perú (SUCTA) de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial - CORPAC, ocasionando que cinco aeropuertos cerraran sus operaciones -el de Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y Tacna.

2. Como resultado de la paralización ocasionada por la huelga de los controladores aéreos, de acuerdo a lo manifestado por CORPAC, fueron 29 los vuelos cancelados o aplazados. Asimismo, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estimó que la huelga afectó a más de 8 000 personas. Según el gremio de turismo de la CCL, ese fin de semana largo se esperaba un movimiento económico de S/800 millones y la movilización de más de un millón de turistas nacionales.

3. Ante estos sucesos que evidentemente han afectado al país, lejos de asumir responsabilidad sobre los hechos, la ministra de Trabajo ha venido justificando la decisión de su sector, señalando que su participación se ha ceñido únicamente en declarar la “procedencia” de la comunicación de una huelga y que CORPAC debió tomar las previsiones necesarias para evitar el paro de los trabajadores que prestan un servicio público esencial, versión que ha ratificado ante el pleno del congreso. Con dicho argumento pretende desconocer que el rol del MTPE es el de ente rector en el ámbito del trabajo y que como tal le correspondía actuar de manera diligente, de modo que esa paralización laboral de los controladores aéreos no hubiera afectado o repercutido en la ciudadanía, máxime si se trataba de una paralización en fecha festiva y en la que cientos de personas se desplazarían de una ciudad a otra, y sobre todo por la cuantiosa pérdida económica que ocasionaría al Estado peruano, más aún en estas épocas donde la economía nacional se encuentra fuertemente golpeada; demostrando con ello incapacidad de gestión y sobre todo negligencia en su actuación como responsable del sector Trabajo y Promoción del Empleo.

4. En consecuencia, respecto a esta delicada situación, queda acreditado que el MTPE no ha actuado con la diligencia mínima exigida, pues ante la inminencia de la huelga de controladores aéreos -aprobada por su sector, contraviniendo normas expresas- debió efectuar las coordinaciones respectivas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para tomar las medidas urgentes frente a esta huelga y ejercer las acciones más rápidas y oportunas para paliar los efectos de la misma. Esta grave inacción no ha sido explicada o contradicha con los argumentos expuestos por la ministra Betssy Chávez en la sesión del Pleno durante su interpelación; subsistiendo por tanto su responsabilidad política sobre los hechos acontecidos y sus consecuencias.

5. Ahora bien, adicionalmente a la situación antes descrita, ha quedado establecido también, que en la gestión de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Betssy Chávez, se ha puesto especial énfasis en convertir a SERVIR en un órgano dependiente del Ministerio de Trabajo, pese a que en enero de 2022, la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, señaló en el Informe N° D000023-2022-PCM-SSAP, que el cambio de adscripción “no es viable”, ya que se concibe al servicio civil como un medio esencial para asegurar un mejor uso de los recursos públicos y lograr mejores prestaciones de bienes y servicios a favor de los ciudadanos2 .

6. El MTPE asume como propia la agenda 19, propuesta por la CGTP y otras centrales sindicales, en la que, entre sus contenidos, están la limitación de tercerización, el código laboral y la adscripción de SERVIR al MTPE.

7. La actual ministra hizo suya tal agenda y solicitó a la PCM la adscripción de SERVIR, a lo que PCM, bajo la titularidad de la anterior administración y a través de la Secretaría de Gestión pública, emitió informe determinando la inviabilidad de tal solicitud, ante lo que la Ministra de Trabajo insistió frente al actual Presidente del Consejo de Ministros, el mismo que dio declaraciones manifestando que tal solitud sería resuelta en Consejo de Ministros.

8. Por intervención de diversas Comisiones ordinarias y de congresistas de varias bancadas, la PCM y su Secretaría de Gestión Pública, ratificaron la inviabilidad de la adscripción en tanto afecta al servicio civil y al acceso de Perú a OCDE por contravenir a los fines de modernización del Estado y la necesaria reforma transversal del servicio civil.

9. Posteriormente, la PCM conforma, a través de la Resolución Suprema N° 124-2022-PCM, una comisión para, supuestamente, fortalecer la reforma del servicio civil y SERVIR, sin embrago en su conformación participan 5 representantes ministeriales (PCM, MEF, MINJUS y la Secretaría General de la PCM), sin incluir a la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil, y por parte de la Secretaría de Gestión Pública de PCM, sin incluir a ningún experto en gestión pública. En consecuencia, esta comisión está compuesta por quienes se han expresado en contra del avance de la reforma del servicio civil como la PCM, su secretaria de gestión Pública y el MTPE o quienes no otorgaron los presupuestos que permitirían la implementación de la reforma como el MEF.

10.Adicionalmente, cabe señalar que la mencionada comisión ha reunido a sus titulares no más de una vez y aún no han culminado su análisis de información, por lo que las respuestas objetivas a las preguntas de la interpelación evidencian, no sólo un adelanto de opinión, sino además, la voluntad política de desaparecer la reforma del servicio civil y su ente rector; todo ello con el objetivo de copar los puestos laborales del Estado y de entregar el manejo del servicio civil a los representantes sindicales y no al Estado.

11. Se debe destacar la inexistencia de gestión del titular del Vice Ministerio de Promoción del empleo, que provoca el incremento de desempleo e informalidad en tanto la orientación de MTPE se limita a sus acuerdos gremiales que terminan beneficiando a un mínimo volumen de la población laboral.

12.La propuesta de adscripción no ha tenido en cuenta que la rectoría del MTPE se circunscribe bajo una lectura sistemática, al ámbito de las relaciones laborales privadas donde el énfasis son los ciudadanos con un empleo formal o informal o que potencialmente pueden contar con uno. Cuestión distinta que ocurre con SERVIR que se encarga del servicio civil o del ámbito público, por lo que se trata de asuntos distintos que merecen que sean vistos por entidades especializadas diferentes.

13.No se ha tomado en cuenta que la adscripción del SERVIR al MTPE, traería como efectos: el copamiento de puestos de trabajo sin meritocracia y por interés de los gobiernos de turno, en los tres niveles de gobierno; la imposibilidad de ejecutar la reforma del servicio civil de manera transversal, ampliando las brechas existentes; la obstaculización del acceso de Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, que ha reconocido la necesidad de vinculación del ente rector de la reforma del servicio civil al núcleo de poder gubernamental, pues se trata de un pilar transversal de la política de modernización del Estado.

14.Adscribir a SERVIR a un sector que no es el que corresponde conforme a las competencias que le son propias de acuerdo a su naturaleza técnica, traerá consigo el debilitamiento de la gestión de más de 2,000 entidades públicas con mayor caos en la organización del sistema de recursos humanos, imposibilitando la mejora de servicios a la población, perjudicando así, a más de 30 millones de ciudadanos usuarios; asimismo, propiciará la imposibilidad de fortalecimiento de capacidades de los servidores y las entidades, la arbitrariedad en la resolución de controversias, perjudicando a los servidores y las entidades. Por otra parte, motivará la subsistencia de pluralidad de regímenes laborales sin mejora sostenible, perjudicando a cerca de 1.5 millón de servidores y al tesoro público, así como la imposibilidad de inserción laboral juvenil o especializada y progresión por cumplimiento de metas en el empleo público. Transformar una reforma de gestión pública (integral, transversal, laboral) en una dependencia de protección de derechos laborales, únicamente, permitirá el manejo del servicio civil por parte de las centrales sindicales sin orientar su administración a favor del ciudadano.

15. La antitécnica adscripción del SERVIR al MTPE traería como resultado nefastas consecuencias. Sería un retroceso en varios aspectos:

a. Impediría controlar y ordenar el adecuado acceso al servicio civil (puede coparse puestos).

b. Impediría profesionalizar servidores garantizando una línea de carrera en el Estado y no solo en la entidad.

c. Impediría mejorar servicios recibidos insatisfactoriamente por los ciudadanos.

d. Impediría el acceso de Perú a OCDE en tanto aquella sostuvo que el ente rector de la modernización del servicio civil debe estar en el centro de poder para garantizar su poder transversal en el Estado

e. Impediría continuar con la protección y desarrollo del mérito en la función pública.

f. Interrumpiría la profesionalización del servicio civil al variar los Programas de Desarrollo de Personal, la Gestión de Rendimiento y la capacitación.

g. Perjudicaría a las entidades en cuanto a la organización de sus recursos humanos, el adecuado diseño de instrumentos de gestión y rectoría de su funcionamiento, entre otros.

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