Cajas municipales, universidades y Sedapal afectadas por la “Ley Mulder”

La ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados, aprobada por insistencia en el Congreso, no solo afectaría el derecho a la información de la población, sino también a muchas empresas públicas que generan sus propios recursos y que no dependen del erario nacional.

Tal es el caso, por ejemplo, de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las que, si bien son empresas estatales, no reciben recursos del tesoro público y poseen autonomía en su gestión económica, financiera y administrativa.

Sobre el tema, ayer, la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac) advirtió que la denominada “Ley Mulder” les impide competir en igualdad de condiciones dentro del mercado financiero; pues, por ejemplo, no pueden publicitar sus servicios como los bancos.

“La ley incluye a las empresas estatales. Las cajas son de propiedad municipal, pero no demandan publicidad del Estado (...). No recibimos ni un solo sol del presupuesto público y los municipios se distribuyen el 50% de nuestras utilidades”, enfatizó el presidente de dicho gremio, Jorge Solís.

AMPLIO ABANICO

Por ejemplo, citó el caso de las universidades públicas, las que -advirtió- no podrán difundir sus exámenes de admisión, comunicados o convocatorias debido a la norma.

Agregó que también es el caso de las empresas públicas de derechos privados como el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib), el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar), la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) y la Empresa Municipal de Mercados (Emmsa), entre otras.

Como si esto fuera poco, mencionó el caso de las compañías adscritas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), así como el de muchas generadoras de energía y hasta el Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), las que no podrían anunciar si realizan cortes de agua por emergencia en medios privados.

“Es una grandísima restricción, en general, para cualquier institución pública que quiera anunciar un nuevo programa. Por ejemplo, hace unos meses creamos Mivivienda Verde (Mivivienda también es del Fonafe), que bajaba la tasa de interés del 11% a 6%. Si eso no se le comunica a la gente, nunca participaría y fracasaría”, sentenció.

Pese a todo ello, Bruce opinó que lo mejor es esperar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) antes de plantear proyectos alternativos.

El mismo parecer expresó Alberto Quintanilla (Nuevo Perú), quien resaltó que las cajas municipales ahora no podrán competir libremente con los bancos privados. “Es otra perversidad de la ley”, aseguró.