Cargado de incomodidad, el Gobierno mostró ayer su diplomático desagrado contra la intromisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en asuntos internos.
Fue la Cancillería -en representación del Poder Ejecutivo- la que decidió convocar de forma inmediata al relator Igor Garafulic, representante de la ONU en el Perú, para expresarle su “extrañeza” por un comunicado en el que el organismo internacional insta a la separación de poderes en el caso de la investigación a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Parlamento.
“En la fecha, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, señor Igor Garafulic, a fin de transmitirle formalmente la extrañeza del Gobierno peruano por el pronunciamiento del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú del 7 de septiembre de 2023″, escribió.
Luego siguió: “La Cancillería le recordó al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones, en estricto cumplimiento de las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, remarcó.
La reacción se da luego de que el despacho de la ONU en el Perú emitiera un comunicado indicando que la JNJ tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y la administración de justicia en el país.
“La Constitución Política del Perú en su artículo 43 menciona que el Gobierno se organiza según el principio de separación de poderes. Solo defendiendo y garantizando los principios de separación y equilibrio de poderes se puede aspirar a consolidar una sociedad justa y democrática para el beneficio de todas las personas”, refirieron. Esa posición generó la respuesta inmediata del Gobierno pero, además, la del Parlamento.
rechazo. Fue la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso la que acordó por mayoría exhortar a la Cancillería a activar los mecanismos diplomáticos para que el citado coordinador residente de las Naciones Unidas sea retirado del Perú de forma inmediata.
Alegaron que no debía de ninguna forma entrometerse en asuntos internos del país.
La petición fue hecha por María del Carmen Alva (No agrupada). La legisladora aclaró que la Constitución faculta al Parlamento a investigar a los organismos del país y también a removerlos como en el caso de la JNJ.
En respuesta al comunicado de Garafulic, Alva Sostuvo que de ninguna forma el Legislativo vulnera el principio de separación de poderes.
En el mismo sentido Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió que el representante de la ONU debería retirarse del Perú y ser declarado persona no grata porque se entrometió en donde no debía.
“Personajes de esta naturaleza no las requerimos. (No es admisible) que vengan en representación de organismos tan importantes como Naciones Unidas a violentar el respeto a la independencia de poderes, el respeto al marco constitucional”, aseveró.
Por la tarde, Patricia Chirinos (Avanza País) tuvo una opinión similar. Ella tuiteó que el representante de la ONU debería ser declarado persona no grata.
Sin perjuicio a ello, también cuestionó a la Cancillería, a cargo der Ana Gervasi, por no activar medidas más drásticas contra el referido funcionario.
“La Cancillería ha sido muy complaciente con el coordinador residente de la ONU en el Perú. Ya ni siquiera debió convocarlo ante su atrevimiento injerencista en los asuntos internos del Perú. Debió declararlo persona non grata y pedir su inmediata remoción por parte de la propia ONU”, refirió la Chirinos en sus redes sociales.
Cabe recordar que es Chirinos la que ha planteado que la Comisión de Justicia investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestas faltas graves.
A su turno, Hernando Guerra García (Fuerza Popular) dejó claro que los ánimos del Congreso “no es bajarse” a la JNJ.
“Siempre buscamos escuchar a las partes que tienen derecho a dar sus opiniones y luego se tomarán decisiones”, precisó.
Ante los cuestionamientos sobre si existe base legal que autorice al Parlamento al inicio de esta investigación, el legislador indicó que “así como el presidente de la República puede ser removido por el Congreso y nadie dice nada, la JNJ podría ser removida por el Congreso”.
PROCESO. Al respecto, según el segundo artículo de la ley 30916 que crea la JNJ, el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia es indelegable y para ejercerlo se presta juramento ante quien preside la Comisión Especial, antes que cese en el ejercicio del cargo por vencimiento del periodo.”
“Los miembros de la Junta Nacional de Justicia son responsables por los actos que
realicen en ejercicio de sus funciones. Pueden ser removidos por causa grave mediante acuerdo del Congreso adoptado por el voto de los dos tercios del número legal de miembros”, señala.
La semana pasada, el Parlamento autorizó a la Comisión de Justicia a iniciar la investigación sumaria por 14 días a los miembros de la JNJ por aparentes hechos irregulares. Luego de ello, presentará un informe ante el pleno y este decidirá si en efecto remueve o no a sus miembros.
Ayer, el grupo del Parlamento formalizó su plan de trabajo (ver ángulo).
No obstante, en diciembre del próximo año los miembros de la JNJ deberán ser reemplazados pues concluiría el mandato de cinco años que iniciaron en 2019 luego del referéndum que permitió su creación.
