Una revisión de antecedentes judiciales de los postulantes que participan en la actual campaña electoral reveló que varios integrantes de las listas de Renovación Popular registran procesos, denuncias y sentencias en sus historiales. Entre los casos identificados aparecen candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados y al Parlamento Andino que mantienen expedientes en el Poder Judicial y registros policiales por distintos hechos.
Según un reportaje de Cuarto Poder, al menos quince postulantes del partido liderado por Rafael López Aliaga cuentan con sentencias firmes emitidas por tribunales, de acuerdo con información consultada en registros públicos. La mayoría de estas resoluciones está vinculada al delito de omisión a la asistencia familiar, relacionado con el incumplimiento del pago de pensiones alimentarias.
Además de estos antecedentes, también se identifican expedientes por deudas civiles, investigaciones fiscales y denuncias por violencia familiar. Los documentos revisados muestran que varios de estos procesos fueron tramitados en diferentes regiones del país y permanecen consignados en los registros judiciales.
Accidentes de tránsito en el historial de José Antonio Gallo
Uno de los casos corresponde a José Antonio Gallo Pedemonte, empresario de 52 años que postula a la Cámara de Diputados por la región Áncash. En su historial judicial aparecen antecedentes vinculados a accidentes de tránsito que derivaron en sentencias por delitos culposos.
Uno de estos hechos ocurrió en 1999, cuando una mujer identificada como Alejandra Linares fue atropellada por el vehículo que conducía el hoy candidato. Según el testimonio de la víctima, el impacto le dejó secuelas físicas que aún persisten con el paso de los años.
Ese mismo año el postulante estuvo involucrado en otro accidente de tránsito que terminó con la muerte de una mujer adulta mayor. Por este caso enfrentó un proceso penal por homicidio culposo en el Poder Judicial.
Especialistas en temas electorales consideran que antecedentes de este tipo generan debate sobre la información que los candidatos deben declarar en sus hojas de vida. Desde su perspectiva, ampliar los datos disponibles permitiría a los electores conocer con mayor detalle el historial de quienes buscan ocupar cargos públicos.
Sentencias civiles y denuncia por violencia familiar contra Jhon Rivas
Otro de los postulantes que aparece en los registros judiciales es Temis Jhon Rivas Ochoa, candidato al Senado por Renovación Popular. En su historial figuran cinco sentencias civiles vinculadas al incumplimiento de pagos de diversas deudas.
Las resoluciones judiciales incluyen órdenes de pago por diferentes montos emitidas por el Poder Judicial. Entre ellas se encuentran fallos que lo obligaron a cancelar 25 mil soles a un particular, 490 soles a la Municipalidad Provincial de Requena y 56 mil 350 soles a una entidad financiera, además de otros compromisos económicos.
A estos antecedentes se suma una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público analiza un incremento patrimonial detectado durante el periodo en que el candidato se desempeñaba como funcionario del Gobierno Regional de Loreto.
En el marco de ese proceso judicial, el Poder Judicial autorizó el levantamiento del secreto bancario del postulante. La medida fue adoptada como parte de las diligencias destinadas a determinar el origen de los recursos económicos investigados.
El historial de Rivas también incluye una denuncia policial presentada en 2018 por su entonces conviviente. En ese documento se le atribuyen presuntos actos de violencia física y psicológica ocurridos durante la relación.
Antecedentes judiciales y denuncias contra Raúl Pinedo
Otro caso corresponde a Raúl Pinedo Mego, quien postula a la Cámara de Diputados por la región Cajamarca. En su historial aparecen dos sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar emitidas en los años 2017 y 2020.
Ambas resoluciones judiciales establecieron penas privativas de libertad suspendidas. Este tipo de condena implica que el sentenciado no ingresa a prisión siempre que cumpla determinadas condiciones impuestas por el tribunal.
El candidato también registra una denuncia policial por violencia familiar presentada por la madre de uno de sus hijos. De acuerdo con el parte policial, el incidente se produjo luego de una discusión relacionada con gastos escolares.
Además de estos antecedentes, el postulante ha sido intervenido en diversas ocasiones por infracciones de tránsito. Entre los hechos consignados se encuentran conducir vehículos sin licencia y circular en motocicleta sin utilizar casco de protección.
En el entorno de su campaña política también se menciona la participación de su padre en actividades de apoyo electoral. Este familiar fue anteriormente alcalde y cuenta con una condena por el delito de colusión agravada.
A pesar de estos cuestionamientos, las candidaturas mencionadas fueron declaradas aptas por las autoridades electorales. Desde el partido Renovación Popular sostienen que los postulantes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente para participar en las elecciones.
