El integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, advirtió que si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de Keiko Fujimori y ordena archivar el Caso Cócteles, otros procesos judiciales podrían ser perjudicados.

Así lo informó durante la audiencia donde se evaluó el recurso de habeas corpus que presentó la lideresa de Fuerza Popular (FP) para anular la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos, esto por haber recibido aportes ilícitos en sus campañas de parte de Odebrecht.

SUSTENTO

En la sesión, el fiscal Pérez Gómez recordó que la Corte Suprema estableció que los donativos y aportes a partidos que provengan de una actividad criminal corresponde al delito de lavado de activos, por lo tanto, solicitó que el proceso no sea archivado.

“La decisión que ustedes tomen tendrá injerencia en la sentencia condenatoria de Ollanta Humala que ya fue condenado. Además, tendrá injerencia en procesos penales donde se entregó dinero ilícito, por citar, tenemos el próximo juzgamiento contra Susana Villarán donde Odebrecht le entregó más de cuatro millones de dólares”, indicó.

En la misma línea, mencionó que existen procesos existentes que también serían afectados como los que se siguen contra Renovación Popular y el prófugo Vladimir Cerrón.

“Lo que se está buscando con este habeas corpus es beneficiar a las fuerzas políticas del Congreso”, aseguró.

Más tarde, el fiscal Pérez reiteró el mismo argumento en declaraciones a la prensa.

“Hay interés de parte de las fuerzas políticas por buscar mecanismos de impunidad. Si el TC señala que en el país se puede recibir dinero de la corrupción para financiar campañas, lamentablemente, los casos se irían al archivo”, manifestó.

RESPUESTA

Por su parte, Giulliana Loza, abogada de Keiko, dijo que no es correcto que otros casos emblemáticos sean afectados.

“El caso del señor Humala no es similar al nuestro, no solo son marcos distintos de imputaciones, sino que la configuración del lavado de activos no es similar”, dijo.

Además, recordó que su patrocinada afronta el proceso legal hace 10 años y en la actualidad, tiene una serie de restricciones como realizar un control biométrico mensual y reportar sus actividades ante la Fiscalía.

“Creo que la Fiscalía (hoy) ha pretendido desviar la atención con cuestiones totalmente periféricas, políticas. Esperamos que el TC sepa analizar de manera correcta esta situación”, agregó.

Loza recordó que si el Poder Judicial hubiera ejercido un control de garantía sobre el caso, no habrían reclamado ante el TC.

“Permitir que el agravio se mantengan latente y esperar a la condena, sería renunciar a los derechos fundamentales”, comentó.