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El Congreso de la República aprobó este miércoles 1 de junio el informe final sobre la denuncia constitucional 141 formulada por la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, contra el exjuez supremo César Hinostroza.
Con 79 votos a favor, cero en contra y 7 abstenciones, la representación nacional aprobó la formación de causa contra Hinostroza Pariachi, implicado en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto, planteado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
A César Hinostroza, el informe proponía acusarlo, en su condición de exjuez supremo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y tráfico de influencias agravado.
En su defensa, el exjuez supremo acusó al expresidente Martín Vizcarra de “descabezar” al Ministerio Público y “debilitar” al Poder Judicial con la creación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en reemplazo del CNM.
“(Martín) Vizcarra se prestó a un grupo político antifujimorista para destruir las instituciones, descabezar el Ministerio Público con la destitución de fiscales por las llamadas telefónicas y debilitar al Poder Judicial con la destitución de jueces supremos”, expresó.
“La Junta Nacional de Justicia se ha dedicado a perseguir a los fiscales y jueces que han sido destituidos y han causado una grave conmoción política”, añadió Hinostroza Pariachi, quien ejerció su derecho a la defensa mediante videoconferencia desde España, donde afronta un proceso de extradición.
El pasado 31 de marzo la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informó que la justicia española confirmó la ampliación de extradición al exjuez supremo César Hinostroza, para ser procesado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes.
Mediante Resolución N° 24/2022 de fecha 28 de marzo de 2022, emitida por la Primera Sección Penal de Sala Penal de la Audiencia Nacional de España, se desestimó el recurso de súplica interpuesto por Hinostroza Pariachi.
Los hechos están relacionados al pago de una coima a una servidora de Migraciones para salir del Perú por Tumbes en 2018, estando vigente una orden de impedimento de salida del país, debiendo ser procesado por el delito de cohecho activo genérico.
