La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó respecto a la situación democrática en Perú, advirtiendo que la “subjetividad” de la figura de vacancia presidencial —en el caso de Dina Boluarte, por “incapacidad moral permanente”— podría afectar tanto la separación de poderes como la estabilidad de las instituciones democráticas.

Cabe recordar que la noche del jueves 9 de octubre, el Congreso de la República aprobó, con 122 votos a favor, la incapacidad moral permanente de Dina Boluarte, argumentando su presunta inacción frente a la creciente ola de criminalidad que afecta al país.

Esta decisión dio lugar a la asunción de José Jerí, presidente del Congreso, como mandatario interino, en un contexto marcado por la transición hacia las elecciones generales de 2026.

Respecto a ello, la CIDH consideró el proceso de vacancia como “acelerado y bajo la justificación de una crisis de violencia”.

“Esta es la sexta vez en ocho años que el Congreso recurre a esta figura para remover a una autoridad electa e impedir que concluya su mandato. Su aplicación reiterada y discrecional ha generado crisis políticas y sociales, afectando la gobernabilidad y la confianza ciudadana en la democracia”, manifestaron.

Asimismo, reafirman que los procesos de vacancia o remoción de autoridades en ejercicio del poder “deben observar el debido proceso, las garantías institucionales y el equilibrio de poderes, conforme a lo establecido en la Carta Democrática Interamericana”.

Añadieron que “la falta de una definición objetiva” respecto a la “incapacidad moral permanente” genera un “margen de discrecionalidad que afecta la independencia de los poderes públicos, así como debilita la confianza ciudadana en las instituciones y el Estado de Derecho”.

“En este marco, la CIDH urge al Estado peruano a garantizar que las decisiones políticas se adopten dentro del respeto al orden constitucional, la separación de poderes y el Estado de derecho. Asimismo, exhorta a los actores políticos e institucionales a actuar con responsabilidad y promover el diálogo democrático, asegurando la protección de los derechos humanos y la estabilidad institucional del país durante el proceso de transición y hasta la celebración de las elecciones generales de 2026”, expresaron.

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