La congresista Ariana Orué habría promovido el cobro de cuotas entre trabajadores de su entorno para financiar actividades vinculadas a su campaña de reelección y cubrir gastos de carácter personal. De acuerdo con una investigación de El Comercio, chats, comprobantes de transferencias y testimonios de tres extrabajadores revelan un esquema de recaudación que también alcanzaba a personal de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside.
Según los testimonios recogidos, los aportes eran solicitados de manera periódica y los montos eran distribuidos entre los integrantes del equipo. En dichas conversaciones figura la participación de Pierina Yaipén, trabajadora de la legisladora, quien registraba pagos que en conjunto sumaban alrededor de S/6.200. Los documentos muestran un seguimiento de las cuotas y de las personas que cumplían con realizar los depósitos.
¿Qué denunciaron los trabajadores?
Uno de los extrabajadores consultados explicó que los gastos eran repartidos entre todos los involucrados. Según su versión, también se reunió dinero para financiar material publicitario y un panel instalado en la avenida Elmer Faucett cuyo costo habría ascendido a S/30.000.
La misma fuente sostuvo que parte de las colectas tuvo como finalidad cubrir gastos personales de la parlamentaria. En esa línea contexto señaló que los trabajadores también asumieron costos relacionados con un proceso judicial que afronta la parlamentaria y con el pago de las tasas para la visa estadounidense de ella y de sus padres, cuyo valor habría ascendido a 450 dólares por cada trámite.
Otros testimonios indican que las exigencias económicas se incrementaron durante el periodo electoral. Dos exintegrantes de su equipo coincidieron en que, en diciembre del año pasado, Orué convocó a una reunión para solicitar la recaudación de S/49.000 destinados a supuestos pagos ante el Jurado Nacional de Elecciones.
“Nos obligó a dar S/1.800 por cabeza. Aportaron tanto personal de despacho como de comisión (...) Era obligatorio porque si no dábamos, ya sabíamos que nos iba a dar de baja”, señaló otro testigo.
Aportes habrían sido controlados
La investigación señala que los recursos destinados a actividades proselitistas eran reunidos principalmente mediante aplicaciones de banca móvil. Conversaciones internas correspondientes a marzo muestran coordinaciones para cubrir gastos de movilidad, publicidad y artículos promocionales.
En los mensajes se detallaban los montos que debía asumir cada integrante del equipo. Uno de los textos enviados al grupo recordaba a los participantes la necesidad de cumplir con la cuota establecida mediante la frase “Recordar realizar el aporte”.
Los pagos quedaron registrados en capturas de transferencias digitales que consignaban conceptos vinculados a actividades de campaña. Entre los supuestos trabajadores que realizaron los depósitos aparecen nombres como Jhoan Paredes, Wilson Verástegui, Alan Fierro, Renzo Basurco, Alex Cherre, Olga Ramírez y César Serra.
La dinámica descrita por los extrabajadores consistía en dividir los costos entre todos los participantes y verificar posteriormente quiénes habían cumplido con efectuar los pagos. Para ello se utilizaban registros de operaciones realizadas a través de Yape y Plin.
El informe también advierte una diferencia entre los montos observados en los chats y la información presentada ante los organismos electorales. En el reporte de financiamiento entregado a la ONPE, la parlamentaria declaró ingresos para su campaña por S/29.728.
De acuerdo con la investigación, los aportantes también habrían financiado la compra de un teléfono celular de alta gama en noviembre del año pasado, cuyos pagos quedaron también quedaron registrados. Ante el escándalo, la parlamentaria negó haber cometido irregularidades durante su gestión, pero optó por no responder a las acusaciones.
