El congresista por Lambayeque, José María Balcazar Zelada, también busca librarse de un proceso judicial amparándose en la nueva “Ley Soto”. Siendo uno de los legisladores que votó a favor de dicha norma, ahora el parlamentario intenta que se aplique a su favor para evadir un juicio por apropiación ilícita.
Como se recuerda, al culminar su gestión como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL), Balcazar Zelada fue denunciado por presuntos malos manejos.
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El ICAL lo acusó de haberse apropiado de los ingresos provenientes de diplomados y otros servicios, pues el dinero no fue depositado en la cuenta bancaria de la institución. Incluso, siendo decano habría dispuesto que los pagos correspondientes a 70 expedientes de colegiaturas, sean depositados en una cuenta personal en Caja Trujillo.
Pese a estas evidencias, el fiscal Carlos Osores Padilla, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, solicitó el sobreseimiento (archivo del caso), sin embargo, la jueza Sara Vera Zuloeta discrepó con tal decisión y lo elevó a la Fiscalía Superior.
El caso ahora lo tiene la fiscal superior Anita Cabrejos Barrios, quien deberá pronunciarse si ratifica el sobreseimiento u ordena al citado fiscal que se rectifique y formule acusación contra el congresista.
BALCÁZAR Y LA “LEY SOTO”
Sin embargo, previo a ello, Balcazar Zelada solicitó presentar un informe oral ante el despacho de la fiscal superior, en la cual pidió acogerse a la polémica “Ley Soto”.
En dicha diligencia, también participó en defensa del ICAL el abogado Willian Tantajulca Burga (director de Derechos Humanos del ICAL), quien se opuso a tal pretensión.
“En el informe oral, la defensa del congresista José Balcázar ha invocado la Ley Soto, le está advirtiendo a la Fiscalía que el hecho habría prescrito con la nueva ley que se ha publicado. Nosotros hemos refutado esos argumentos”, señaló Tantajulca.
De esta manera, amparándose en la Ley 31751 (la cual reduce a un año el plazo de suspensión de la prescripción de los delitos penales) Balcazar pretende convencer a la Fiscalía Superior que el caso ya ha prescrito en el 2022.
Esto, debido a que los hechos ocurrieron en el 2018 y la pena máxima por apropiación ilícita es de 4 años y con esta nueva norma (que modifica el artículo 84 del Código Penal) ya no se aplica ni duplica un plazo extraordinario.
ES “ANTIÉTICO E INMORAL”, DICE ABOGADO DEL ICAL
Al respecto, el abogado Willian Tantajulca, sostuvo que se trata de un acto antiético e inmoral por parte del congresista lambayecano, pues trata de beneficiarse de una ley por la cual él mismo votó.
“José Balcazar ha sido magistrado de la Corte Suprema, entonces él como congresista sabía que esa ley que se iba a votar lo iba a beneficiar directamente a él, porque a la fecha que voto por esa ley, él conocía que tenía una investigación por apropiación ilícita”, aseveró.
Finalmente, el letrado advirtió que si bien, con la “Ley Soto” el congresista José Balcazar podría librarse de un proceso penal y una posible sentencia, eso no lo eximiría del daño civil.
“Normalmente, este hecho de Balcazar recién prescribiría en el 2031, y si se aplica responsabilidad restringida por edad y se le reducen los plazos a la mitad, todavía prescribiría en el 2024, o sea el próximo año; pero con la Ley Soto ya no (…) Ahora, el delito podría haber prescrito por el paso del tiempo, pero existe el daño económico, un daño que tendrá que pagar, y eso es lo que nos quedaría alegar”, indicó.
Esto, fue señalado por la jueza Sara Vera al rechazar el sobreseimiento del caso. “El Ministerio Público en su requerimiento de sobreseimiento no ha emitido pronunciamiento respecto de la acción civil, teniendo en cuenta que el daño resarcible es distinto del que pudiera denominarse daño penal”, resolvió la jueza.
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