El congresista Luis Cordero Jon Tay presentó un polémico proyecto de ley que propone modificar o desactivar el literal “J” del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones.
De ser aprobado el proyecto, los funcionarios públicos que cumplieron sentencia por corrupción estarían habilitados para ser candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República.
La Ley Nº 30717, Ley Orgánica de Elecciones, de enero de 2018, introdujo modificaciones en la fecha indicada, con la finalidad de promover la idoneidad de los candidatos a cargos públicos representativos.
En su Art. 7, literal J, dice que no pueden aspirar a los máximos cargos mencionados “las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios; aun cuando hubieran sido rehabilitadas”.
Cabe indicar que diversos líderes políticos tienen la condición de sentenciados y serían favorecidos expresamente.
VIGENTE.
El abogado penalista Carlos Caro Coria precisó que el literal J del artículo en cuestión está plenamente vigente a la fecha. Agrega que el Tribunal Constituciona, en 2022, ratifició su constitucionalidad en una resolución que es jurisprudencia.
