Congresista sentenciado a cuatro años de prisión suspendida: “El fallo es injusto y apelaremos”

El congresista no agrupado Moisés González, quien fue elegido en el 2020 como parte de la bancada Alianza Para el Progreso (APP) y que ha sido sentenciado a cuatro años de prisión suspendida y a cuatro años de inhabilitación de la función pública, aseguró que la condena es “injusta” y que apelará ante el Poder Judicial.

“No es responsabilidad del alcalde (la licitación de obras) porque designa un comité para que lleve todo el proceso a cabo. El alcalde no tiene por qué intervenir porque el comité tiene autonomía. Considero que es injusto. Fui un actor político en condición de alcalde en ese momento. Obviamente vamos a hacer la apelación que corresponde”, declaró a RPP.

El juez Carlos Larios Manay, en el adelanto de la sentencia contra el congresista González, consideró que tuvo una responsabilidad en la adjudicación ilícita de la construcción de una carretera y el mejoramiento de otra vía cuando fue alcalde distrital de Querocotillo, en Cajamarca, entre los años 2011 y 2014.

El magistrado consideró que tuvo una participación en la adjudicación de la obra, la emisión del expediente técnico y la aprobación de las bases del proceso de selección que ganó una empresa, beneficiando así a uno de los regidores de la comuna, tal y como lo sustentó el fiscal anticorrupción Javier Idrogo Rodríguez.

“El alcalde designa un comité de licitación y el comité no ha revisado bien el expediente. Un regido ha sido parte de una empresa consorciada [...] El alcalde firma un contrato en aras del principio de buena fe y la confianza”, aseguró el legislador.

Moisés González renunció a APP en setiembre del año pasado, bancada por la cual fue electo como congresista de Cajamarca.

Los otros sentenciados junto al legislador fueron exfuncionarios del municipio de Querocotillo y otros dos particulares, identificados como Luis Díaz Rojas, Rolando Durand De la Cruz y Miguel Pereyra Rojas, exmiembros del Comité Especial Permanente.

Elvis Cubas Pérez y Juan Saavedra Salazar, exregidor del municipio durante la gestión de González, así como Wilmer Fernández Cubas, representante de la empresa Chocoypico, también recibieron condenas de prisión suspendida.

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