La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que restituye el financiamiento privado a los partidos políticos y modificó el financiamiento público directo que podrá ser utilizado para pagar a los abogados de dirigentes y representantes de las organizaciones políticas.

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De este modo, los partidos podrán captar mayores recursos de origen privado para sus campañas electorales y también utilizar con mayor flexibilidad los recursos públicos que reciben para formar y capacitar a sus cuadros y cubrir sus gastos de funcionamiento.

El Financiamiento Público Directo (FPD) se entrega a los partidos que cuentan con representación parlamentaria. En 2021, fueron 10 las organizaciones que lograron llegar al Parlamento.

Estos partidos reciben anualmente más de 15 millones y medio de soles del Estado peruano (es decir de los impuestos) y los utilizan de manera inadecuada como en el pago de sueldos a dirigentes, la contratación de asesores legales y supuestas capacitaciones.

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DICTAMEN

La iniciativa que restablece el financiamiento privado y que fue aprobada ayer por la Comisión Permanente modifica la legislación actual que contempla que solo personas naturales y personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro puedan realizar donaciones a las organizaciones políticas.

Esta limitación fue establecida en 2018, luego de conocerse los aportes irregulares a los partidos implicados en el Caso Lava Jato.

Antes, las empresas podían aportar a las campañas electorales en el Perú sin ninguna limitación.

El dictamen fue aprobado en segunda votación con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones.

La propuesta modifica los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, aprobada en el año 2003.

Al respecto, Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución -en la que inicialmente se aprobó la propuesta-, afirmó que “forma parte del paquete electoral que se necesita para llevar a cabo con transparencia y pluralismo las próximas elecciones del año 2026″.

Indicó que así se busca garantizar el pluralismo y la competencia democrática, diversificar las fuentes de ingreso, reducir el riesgo de que los partidos dependan exclusivamente del Estado y fomenta la participación activa de la sociedad civil y del sector privado en la vida política.

Por su parte, Alejandro Muñante (Renovación Popular) sostuvo que con esta iniciativa se permitirá que las economías formales también puedan financiar a las organizaciones políticas, y no solo las economías informales.

Destacó que también se establecen prohibiciones para personas condenadas y que los bancos desde donde se efectúen las transferencias sean garantes de estas.