El Congreso de la República aprobó este martes una modificación legal que obliga a los medios de comunicación a destinar el 10 % de su programación a contenidos educativos sobre prevención de violencia contra la mujer y la familia.
No obstante, la medida contrasta con las denuncias por agresiones físicas, psicológicas y expresiones sexistas que involucran al menos a seis legisladores, algunos de ellos en ejercicio.
Entre los congresistas señalados figura Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), denunciado en 2018 en Abancay por violencia física y psicológica. La agraviada declaró que la golpeó y trató de ahorcarla, aunque él alegó no recordar los hechos.
Por su parte, Eduardo Castillo Rivas (Fuerza Popular) enfrentó una denuncia por maltrato psicológico en 2023, archivada meses después por falta de pruebas contundentes.
En casos aún en investigación, José Jerí Oré (Somos Perú) es investigado por presunta agresión sexual a una mujer inconsciente, mientras que Carlos Alva Rojas (Acción Popular) fue denunciado en Trujillo por violencia física. Ambos niegan las acusaciones.
Comentarios polémicos
A estas situaciones se suman expresiones machistas. Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) fue suspendido 30 días en 2024 tras referirse al físico de una colega en una sesión virtual.
Asimismo, Ernesto Bustamante Donayre (Fuerza Popular) generó críticas en abril de 2025 al cuestionar la capacidad de las mujeres para las ciencias exactas, argumentando diferencias biológicas.
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