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La Comisión de Fiscalización del Congreso, titulado por Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), acordó solicitar al Pleno que se le brinde facultades de comisión investigadora, a fin de “profundizar las indagaciones” en el caso de reglaje a políticos por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
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El pedido fue formulado por la congresista Martha Moyano (Fuerza Popular), luego que dicho grupo de trabajo accediera a conversaciones de los funcionarios de Migraciones, realizadas vía WhatsApp, que muestran los seguimientos a políticos en época electoral y del mismo 9 de noviembre de 2020, fecha en que el Congreso aprobó la vacancia contra el entonces presidente Martín Vizcarra.
En la sesión de este miércoles 10 se escucharon los testimonios de Lita Orrego, ex jefa del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así como de los inspectores de Migraciones Rosa Elena Portocarrero Linares y Yoni Dante Matta Peña, quienes coincidieron en señalar a Jane Jansson, jefe zonal del Callao, como la responsable de las directivas.
Asimismo, ninguno de los citados pudo dar una respuesta clara sobre el mensaje de Jane Jansson, a través del chat de whatsapp, donde afirma que “el mundo no se acaba con esto”, tras conocer la aprobación de la destitución presidencial.
Afirmaron que no existe alguna lista de personas a las cuales hacer seguimiento, solo la recomendación de que revisaran en Google para identificar a los políticos y personajes públicos conocidos.
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Entre los políticos cuya información fue vulnerada por los empleados de Migraciones están Cecilia Chacón, Carlos Raffo, Mercedes Aráoz, Raúl Diez Canseco, César Acuña, Fernando Zavala, Luis Gonzales Posada, Salvador del Solar, Luis Carranza, Susel Paredes, además de los periodistas como Enrique Castillo y Milagros Leyva.
Ante ello, los empleados de migraciones manifestaron que solo se les refería que “las órdenes provenían de los jefes”, pero no los identificó, porque afirmaron desconocer a quienes se refería la ex jefa zonal del Callao.
Finalmente, indicaron desconocer los motivos para tener que informar sobre la salida y entrada de políticos en tiempos de campaña electoral y que se envíen fotos de su pasaporte.
El 20 de octubre, la fiscalía abrió una investigación preliminar por el plazo de 60 días contra los que resulten responsables de la difusión de datos personales de políticos, periodistas, entre otros personajes, ocurridos en el puesto de control de Migraciones en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
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