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El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, presentó un proyecto de ley que propone incorporar sanciones penales al uso de pirotécnicos y explosivos en el contexto de manifestaciones sociales.
La iniciativa surge tras las recientes protestas organizadas por el colectivo “Generación Z”, y busca modificar el artículo 279-C del Código Penal para reforzar la protección de la vida y la integridad física de los ciudadanos.
El texto legislativo plantea que “el que, en el marco de una protesta social, utilice productos pirotécnicos o explosivos, con el propósito de causar daño, intimidar o poner en peligro la vida de las fuerzas del orden o de cualquier persona, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años”.
Además, si de estas acciones resultaran lesiones graves o la muerte de una persona, la pena se incrementaría a un rango de “no menor de 10 ni mayor de 15 años”.
La propuesta cuenta con el respaldo de los parlamentarios Ana Zegarra, Óscar Zea, José Pazo, Alfredo Azurín, Elizabeth Medina y Jorge Morante, todos miembros de la misma bancada.
En los fundamentos del proyecto, Valer hace referencia a los enfrentamientos registrados el pasado 15 de octubre, cuando algunos manifestantes atacaron a efectivos de la Policía Nacional del Perú.
Según el documento, “en estas protestas se observaron individuos encapuchados que utilizaron artefactos pirotécnicos dirigidos hacia miembros de la PNP”, además de dispositivos improvisados “en forma de bazucas que disparaban ráfagas similares a armas automáticas” y bombas molotov.
El legislador advierte sobre los riesgos de estos artefactos, que pueden provocar quemaduras graves, daños oculares permanentes, pérdida de audición y otros perjuicios irreversibles. También subraya que representan una amenaza de incendios y contaminación ambiental, afectando especialmente a niños y adultos mayores.
Finalmente, Valer precisa que la iniciativa “no busca criminalizar la protesta”, sino “salvaguardar tanto a las fuerzas del orden como a los ciudadanos, sean manifestantes o no”, promoviendo un ejercicio del derecho a la protesta en condiciones de seguridad y respeto.
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