Las elecciones generales de 2026 se han vuelto el blanco del Congreso, pues los legisladores no dejan de buscar ventajas personales o para sus partidos mediante normas que los favorecen tanto a ellos como a sus organizaciones políticas.
Correo identificó por lo menos nueve normas que fueron aprobados en esta legislatura, en medio de la cuestionada gestión del presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, y su alta desaprobación de 86%.
Estas normas fueron criticadas por analistas consultados por este diario, quienes consideran que, sin el mínimo análisis, el Parlamento abusó de sus funciones para beneficiar a los “padres de la patria” y sus partidos políticos.
CONTRABANDO
Uno de los proyectos más reciente es el retorno de la doble cámara, de diputados y senadores, que incluyó un criterio para habilitar la reelección parlamentaria sin respetar el referéndum de 2018, que rechazó esa posibilidad.
La primera votación ocurrió en noviembre pasado. En aquella oportunidad la mayoría consideró que era oportuno volver al sistema bicameral para mejorar el control en la promulgación de leyes y otras actividades del Legislativo.
En la segunda votación se aprobó y ratificó que el número de senadores sea de 60 y de diputados, 130.
Sin embargo, pasado los meses el Parlamento intentó modificar este número mediante una nueva propuesta (N° 8014/2023-CR) desde la Comisión de Constitución, que preside la fujimorista Martha Moyado, para que los senadores se incrementen a 79 y los diputados a 158.
Las bancadas de centro y de derecha vieron con buenos ojos esta propuesta.
Pero eso no es todo. El último 10 de mayo el pleno aprobó una norma que permite a los parlamentarios estar habilitados para ser elegidos a cargos de alcaldes y gobernadores.
Se trata de un dictamen que recogió por lo menos cinco proyectos (4086, 4123, 7142, 7145 y 7353) que buscaban modificar la Ley Orgánica de Elecciones a fin de establecer medidas para la optimización del proceso electoral.
En tal sentido, el 29 de mayo, el Parlamento aprobó en una primera votación la reforma constitucional que modifica por lo menos cuatro artículos de la Constitución para establecer la reelección inmediata para alcaldes y gobernadores regionales por un periodo adicional.
¿Coincidencia? Se puede inferir que, de no ocupar algún cargo en el Parlamento en los comicios de 2026, los actuales legisladores tendrían la posibilidad de ser alcaldes y hasta reelegirse.
Otra propuesta polémica es la reforma electoral que modifica las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que deja a criterio de las organizaciones políticas escoger el modo de designar a sus candidatos.
Como se sabe, esto ya fue promulgado por la presidenta Dina Boluarte.
El Legislativo también aprobó un dictamen que reduce las multas a candidatos que cometan infracciones en su reporte de gastos y aportes de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
SIGUE LA LISTA.
Otra norma polémica es la que promulgó el Gobierno Central el 11 de junio: la ley que excluye de responsabilidad penal a los partidos por los actos ilícitos cometidos por sus integrantes.
La norma recibió el respaldo de Perú Libre, Fuerza Popular y Podemos que tienen entre sus filas a personas investigadas como el prófugo Vladimir Cerrón y Keiko Fujimori.
De otro lado, en diciembre de 2023 el pleno aprobó la ley que excluye a los movimientos regionales de participar en los comicios electorales. Se estableció exigir, por lo menos, 700 mil firmas para su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), una cifra muy alta que derivaría en su desaparición.
El 10 de mayo, el Congreso modificó la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley General de Elecciones para eliminar la paridad horizontal en las listas electorales.
Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestó su oposición a la norma al indicar que suprime la paridad horizontal en las candidaturas para comicios generales, regionales y municipales.
POSTURA
Al respecto, Alejandro Rospigliosi, experto en temas electorales, indicó que los legisladores modifican las leyes en beneficio de los miembros de partidos que están en el Congreso y no para beneficiar al país.
Sostuvo que el Parlamento no respeta el artículo 103 de la Constitución que establece que las leyes “deben aprobarse por la naturaleza de las cosas, no por la diferencia de las personas”.
La misma postura tuvo el analista Luis Nunes quien refirió que las leyes mencionadas en este informe son hechas a la medida de intereses de los partidos y bancadas.
“No quisieron discutirlas cuando el tiempo era propicio para reflexiones más de fondo y ahora quieren hacerlo al caballazo”, recalcó.
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