Congreso tiene 52 comisiones: Una por cada 2.5 legisladores. (Foto: GEC)
Congreso tiene 52 comisiones: Una por cada 2.5 legisladores. (Foto: GEC)

El Congreso, de acuerdo a su norma, prevé la formación de grupos de trabajo de parlamentarios para el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de órganos estatales y, en particular, de sectores de la administración pública.

A la fecha, según una revisión hecha por Correo, en el Legislativo se encuentran vigentes al menos 52 comisiones, entre ordinarias, especiales y de investigación. No obstante, sus resultados son casi imperceptibles para la ciudadanía. Mientras un sector ha elaborado informes tras pedidos de ampliación al plazo de investigación inicial, otros no muestran ningún avance.

La cantidad de estos grupos evidencia que, en promedio, el Parlamento tiene una comisión por cada 2.5 congresistas. Cabe preguntarse: ¿Tienen algún resultado efectivo?

El reglamento del Congreso contempla la instalación de 24 comisiones ordinarias, como las de Trabajo, Relaciones Exteriores, Agraria, Educación y Fiscalización, entre otras.

Sin embargo, la conformación de más grupos -de investigación o especiales- surge a raíz de propuestas de los propios legisladores. Esta situación conlleva a la necesidad de contratar a personal especializado, y, por ende, a un mayor gasto de los recursos públicos.

Días atrás, el Congreso se vio obligado a emitir un pronunciamiento en defensa de la asignación de su presupuesto para el 2023, que asciende a los S/928,2 millones, una cifra mayor a la de años anteriores.

DETALLE. Sumadas a las comisiones ordinarias, se encuentran grupos como la Comisión de Ética Parlamentaria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria.

A estos se añaden las denominadas comisiones especiales que -según el Reglamento del Congreso- son “constituidas con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio especial o trabajo conjunto” con otros espacios del Gobierno, conforme acuerde el pleno a propuesta del presidente del Poder Legislativo.

Actualmente hay18 comisiones especiales en el Parlamento.

Entre ellas, está la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Proceso de reconstrucción en las Zonas afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero, que fue establecida en junio de 2017 y reactivada para el periodo 2021-2022.

En mayo del 2022, se solicitó la ampliación del plazo de la comisión a este año con el objetivo de cumplir la tarea encomendada por el pleno.

A inicios de abril del 2023, se modificó la nómina de integrantes.

Una situación similar ocurre con la Comisión Especial Multisectorial a favor de los Valles de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM, constituida en setiembre de 2021 y que, tras un pedido de ampliación, sigue este año.

Otros grupos que se mantienen vigentes son los de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; de Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres; de Coordinación y Formulación de propuestas en materia de mitigación de los efectos del cambio climático; de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero; la Comisión Capital Perú; la Comisión encargada del Ordenamiento Legislativo CEMOL, entre otras.

Por si fuera poco, en julio de 2022, la representación nacional aprobó crear la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Proyecto Especial Chinecas por el plazo del periodo anual 2022-2023. Sin embargo, a la fecha, aún no se da la instalación oficial de este espacio.

SIN RESULTADOS. De otro lado, se encuentran las comisiones de investigación, “encargadas del estudio, la investigación y el dictamen” de asuntos puestos a consideración conforme a la función fiscalizadora del Congreso”. De acuerdo al portal del Parlamento, a la fecha, hay 7 grupos de trabajo de este tipo.

Tal es el caso de la comisión que investiga el atentado en Vizcatán del ENE el 23 de mayo de 2021, creada en agosto del mismo año por un plazo inicial de 120 días. En noviembre del año pasado, se presentó el informe final, que aún no fue discutido en el pleno.

En agosto de 2021, se aprobó la creación de un grupo de trabajo para que indague las presuntas irregularidades y actos de corrupción en las contrataciones de bienes y servicios por parte de las autoridades durante la pandemia. A fines de abril pasado, se aprobó el informe preliminar y se otorgó la ampliación del plazo de la comisión por tres meses.

En este mismo grupo figuran las comisiones investigadoras multipartidarias para evaluar la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic; la que investiga el cobro del concepto “cargo fijo” del servicio de electricidad en la era de Martín Vizcarra; aquella que analiza la atención a los niños y las familias afectadas con el exceso de plomo en sangre y demás metales tóxicos en zonas mineras de Pasco; así como la comisión que indaga las contrataciones hechas por el Estado a empresas chinas; y la encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas por las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

MIRADA. Consultado sobre el tema, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco expresó que la creación de comisiones especiales e investigadoras responde a la fragmentación del propio Parlamento con varias bancadas, que lo que buscan es recibir su cuota de poder dentro de esos grupos de trabajo.

Indicó que ahí cada legislador tiene derecho a poner a una persona de confianza en la comisión a la que pertenece y también a un técnico, pero que será el Congreso el que le ponga “adicionalmente un secretario, un técnico y otro técnico más”, indicó a Correo.

“Lo que pasa es que cuando existe un Congreso fraccionado, la estabilidad política de la Mesa Directiva depende de cada bancada. Entonces existen pedidos de bancadas a la presidencia del Congreso para que el presidente procese la creación de comisiones especiales, investigadoras, que son estrictamente de un grupo parlamentario”, refirió.

Explicó que cuando se pone a debate la creación de los grupos especiales e investigadores, los interesados hacen un trabajo de lobby en cada bancada para conseguir los votos.

“Siempre hay beneficios, los intereses son políticos en el Congreso, no hay otro tipo de intereses, que quede claro”, manifestó.

De otro lado, aseguró que los informes finales que aprueban esos grupos especiales e investigadores, en el que se puede concluir la existencia de ilícitos penales, no tienen carácter vinculante con el Ministerio Público.

“Se aprueba en el Congreso, bien. Pero cuando llega a la Fiscalía, ellos si quieren toman en cuenta lo que dice el informe o si quieren, no”, manifestó.

Al respecto, recomendó a la representación nacional aprobar, a nivel del reglamento, un artículo para darle un periodo de funcionamiento a las comisiones, de inicio y de término, de tal manera que no duren uno, dos o tres años.

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