El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha oficializado la conformación del comité especial encargado de seleccionar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia.
La instalación de este comité está programada para llevarse a cabo entre finales de junio e inicios de julio.
A través de una resolución publicada en El Peruano, Gutiérrez, quien presidirá dicha comisión especial, oficializó a los otros integrantes.
- Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial
- Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación interino
- Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional
- Nelson Eduardo Shack Yalta, contralor general de la República
- Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Segundo Félix Romero Revilla, rector de la Universidad Ricardo Palma
CIDH expresa su preocupación por interferencia del Congreso en otros poderes del Estado
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por la interferencia del Congreso de Perú sobre el resto de poderes del Estado, lo cual considera que puede debilitar el Estado de derecho del país.
A través de un comunicado, la CIDH mostró “su preocupación por información recibida sobre afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho en Perú”.
“En los últimos meses, la CIDH ha recibido información sobre acciones que constituyen intromisión de orden político por parte del Congreso de la República en contra de órganos del sistema de justicia y otras instituciones democráticas que luchan contra la corrupción, con impacto en el cumplimiento de sus mandatos”, señaló.
Subrayó que le preocupa “todas las interferencias en las funciones de autoridades con mandatos esenciales para la preservación de la democracia, como la
Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y fiscales a cargo de casos contra la corrupción“.
Citó como ejemplo de procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso que han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor suele involucrar a congresistas y personas con liderazgo político.
También nombró dos iniciativas de reforma constitucional en curso en el Congreso, una dirigida a la sustitución de la JNJ por una escuela nacional de la magistratura y la reorganización de la JNJ y el Ministerio Público.
Acciones contra el sistema electoral
Por otro lado, la CIDH reportó las acciones ejercidas en contra del sistema electoral, “las cuales afectan su independencia”, y afirmó que el presidente del JNE ha enfrentado al menos diez denuncias ante el pleno del Congreso. Refiere que en los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso “han sido reiterados los señalamientos de motivaciones políticas y la falta de una base legal para su sustanciación”.
“Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico”, advirtió.
Precisa que el ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos. “En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente”, expuso la organización.
La CIDH concluyó su comunicado al pedir al Estado demostrar su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones internacionales de derechos humanos, para lo que debe adoptar medidas urgentes.
“El Congreso debe, con urgencia, cesar en el uso discrecional e instrumentalizado de su actividad fiscalizadora y sancionatoria, y evitar adoptar reformas que amenacen la independencia y autonomía de los demás órganos estatales”, concluyó la organización al añadir que esto “es esencial para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y confirmar la vigencia del Estado de derecho”.
