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La Defensoría del Pueblo calificó como “constitucionalmente cuestionable” la posibilidad de que el pleno del Congreso de la República pueda aprobar próximamente que se lleve a cabo una cuarta legislatura antes del 28 de julio que podría permitir que se aprueben reformas constitucionales por parte del actual Legislativo.
Este comunicado es publicado a pocos días antes del pleno del Congreso convocado para los días 31 de mayo y 1 de junio en los que se ha agendado la propuesta de la Comisión de Constitución para que haya una cuarta legislatura entre los días 13 de junio y 16 de julio.
“Solicitamos al Parlamento no aprobar la creación de una legislatura adicional y exhortamos a las y los congresistas a reflexionar sobre el deber que tienen de respetar los mecanismos regulares para la reforma de la Constitución”, señaló la institución.
El pleno del Parlamento evaluará la posibilidad de implementar esta nueva legislatura, lo que podría permitir que se aprueben reformas constitucionales sin un referéndum, a través de la aprobación de cambios a la Carta Magna en dos legislaturas consecutivas.
Actualmente, en la agenda del Congreso se encuentran pendientes de aprobación reformas como el retorno a la bicameralidad y cambios en los artículos relacionados a la cuestión de confianza.
Este proceder, según la Defensoría del Pueblo, es cuestionable a pesar de que algunas reformas constitucionales son “necesarias para proteger en mayor medida derechos fundamentales y mejorar la organización del Estado y el control del poder”.
“Consideramos que resultaría constitucionalmente cuestionable que el Pleno del Congreso incorpore una cuarta legislatura para así introducir reformas adicionales a la Constitución. Proceder de esta manera sentaría un peligroso precedente que podría ser utilizado en el futuro para desnaturalizar por completo los procedimientos de reforma constitucional hoy existentes”, indicó.
A lo largo de su pronunciamiento, la Defensoría destaca que la Constitución tiene una serie de procedimientos que respetan la rigidez que requiere como un “estatuto de control del poder” y permite cambios pero luego de prolongados procesos de debate y reflexión.
“No es posible, por ende, sobre la base de interpretaciones laxas, desnaturalizar el contenido de esta norma reduciendo en extremo los tiempos ordinarios de las legislaturas e instalando con tal práctica un procedimiento acelerado que restringe los espacios de diálogo y consenso”, concluye la institución.
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