La Fiscalía de la Nación atraviesa hoy por un conflicto sin precedentes. Dos fiscales supremas, Delia Espinoza y Patricia Benavides —pendiente de ser reincorporada—, disputan el máximo cargo al interior de la institución.
La restitución de Benavides como fiscal de la Nación, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cumple ya una semana desde la emisión de la resolución.
Espinoza, en tanto, ha señalado que la JNJ aún no envía este documento, con la firma de seis de sus siete miembros —y por “unanimidad”, tal como indicó días atrás—, al Ministerio Público (MP).
En ese contexto, ha decidido investigar a los miembros de la JNJ, una actitud que tiene precedentes en lo que parecería ser una compulsión de la magistrada: La de denunciar a diestra y siniestra.
Gestiones
La aún titular de la entidad se ha ratificado en el cargo, desde donde ha denunciado penalmente a Benavides y a sus acompañantes, del lunes 16, por su aparente ingreso violento a la sede institucional.
Junto a Benavides, se les imputa a su abogado Juan Peña, la asistente Dulce Chávez Fernández, a Roger Armas Sánchez, a Huber Altamirano Tejeda y a Raúl Eduardo Vila Paz.
Los cargos son usurpación de función pública, ostentación de distintivos de función o cargos que no ejercen, desobediencia y resistencia a la autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio de Espinoza y el Estado.
No son los únicos, en los últimos 60 días, se han formulado denuncias contra un total de 26 personas. Algunas podrían tener un final previsible, como un eventual archivamiento, al interior del Congreso.
Sin duda, muchas de estas denuncias están plenamente justificadas, pero hay otras que demostrarían un uso desvirtuado del Ministerio Público.
El último 22 de abril, se denunció constitucionalmente a Benavides Vargas y al congresista José María Balcázar (Perú Libre).
A ambos se les sindica cohecho en dos modalidades: activo específico y pasivo específico. La entonces fiscal de la Nación “habría concertado, a través de sus asesores, un intercambio de favores” ilícitos con el legislador.
El objetivo habría sido archivar un proceso penal que afrontaba Balcázar, en la Fiscalía, a cambio de que este vote a favor de archivar denuncias constitucionales contra Benavides en la Subcomisión de Acusacioens Constitucionales.
Más denuncias
En la misma fecha, la entidad presentó similar recurso contra el expresidente Martín Vizcarra y sus exministros María Antonieta Alva (Economía) y Víctor Zamora (Salud), por presunta colusión, por la adquisición de 1 400 000 pruebas rápidas, para el Covid-19, y la presunta concertación ilegal de los mencionados con empresas que obtuvieron la buena pro. El 30 de abril, se formuló denuncia constitucional contra el expremier Alberto Otárola por la presunta contratación irregular de Yaziré Pinedo en el sector público (Devida).
En tanto, en mayo se presentó al menos una denuncia constitucional por semana. El domingo 1, se denunció al expresidente Pedro Castillo y a sus exministros Geiner Alvarado (Vivienda) y Félix Chero (Justicia) por presuntos pedidos de dinero y pesquisas vinculadas a la empresaria Sada Goray.
Seis días después, se formuló un recurso contra el ministro Morgan Quero (Educación) por su presunta incitación a la discriminación de las víctimas de las protestas (“Los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”).
Por el mismo cargo, Quero fue denunciado por segunda vez, junto a la exministra de la Mujer, Ángela Hernández, el 19 de mayo. Esta vez, por un presunto agravio a los niños Awajún y Wampis —ambos habrían sugerido que las agresiones sexuales a ambos grupos eran“prácticas culturales”—.
El 14 y 15 de mayo se presentaron denuncias constitucionales contra Castillo Terrones y el exministro Víctor Torres (Interior), respectivamente (ver infografía).
Ráfaga
La presidenta Dina Boluarte protagonizó cinco denuncias constitucionales, a manos de la Fiscalía, presentadas en un rango de 48 horas. El 15 de mayo, se formularon dos: el primero por las muertes en las protestas al inicio de su gestión, por presuntas lesiones leves y graves, que también alcanzó a su expremier Pedro Angulo, y los exministros Otárola, César Cervantes, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.
En dicha fecha, también se la denunció por el aparente aprovechamiento de Boluarte, cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social, para “concertar con Víctor Torres Merino, amigo de infancia de su hermano Nicanor, para que sea contratado como proveedor” en Qali Warma.
El 16 de mayo, el MP presentó tres nuevas denuncias constitucionales por los casos “Cofre”, “Cirugías” y presunto enriquecimiento ilícito y otros.
El primero, referido al aparente encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, también comprendió al exministro Juan Santiváñez por presunta omisión de denuncia.
En el caso de las cirugías a las que se sometió la mandataria, se le imputó abandono de cargo.
Finalmente, se le imputó enriquecerse ilícitamente y otros, tras “abusar de sus cargos” como ministra y jefa de Estado, obteniendo así “joyas e incremento de dinero en sus cuentas bancarias”.
Suman más
El viernes 4 y jueves 19 de junio se formularon denuncias constitucionales contra el defensor del Pueblo Josué Gutiérrez y la congresista Rosio Torres, respectivamente.
El 12 de junio, se presentó un recurso contra Patricia Benavides por cohecho pasivo específico, encubrimiento personal y abuso de autoridad.
Se le atribuye intercambiar favores con el abogado José Luis Castillo Alva, quien habría buscado que se le favorezca en una investigación enmarcada en el Caso “Cuellos Blancos”, a cambio de que Benavides sea absuelta en un proceso disciplinario en la JNJ.
Análisis
“Da pena cómo está el Ministerio Público (...). Están empezando a repartir denuncias por todos lados”, consideró el abogado Aníbal Quiroga. En diálogo con Canal N, señaló que “hay denuncias por aquí y por allá. Está repartiendo denuncias por todos lados. (Delia Espinoza) tiene el poder de denunciar, pero ese poder lo está mal utilizando desde el punto de vista constitucional”.
Sostuvo que no hay un uso racional del Ministerio Público. “Como tiene el poder de denunciar a quien no le gusta y no le hace caso, lo denuncia”, señaló. “(El MP) se ha convertido en una fábrica de denuncias”, aseveró.
