- Presentan denuncia constitucional contra los cuatro fiscales supremos
- Delia Espinoza es elegida como nueva fiscal de la Nación
En una ceremonia realizada esta mañana en la sede principal del Ministerio Público, Delia Milagros Espinoza Valenzuela juró como nueva fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027, sucediendo a Juan Carlos Villena, quien había ocupado el cargo de manera interina desde diciembre de 2023 tras la suspensión y destitución de su antecesora, Patricia Benavides.
En su primer discurso como titular del Ministerio Público, Espinoza expresó que asumía la nueva responsabilidad con un “profundo sentido de compromiso” y aseguró estar dispuesta a “servir, liderar y unir fuerzas” para enfrentar los retos del sistema de justicia en el país.
Reafirmó su propósito de fortalecer el servicio en la administración de justicia y garantizar que el Estado de derecho prevalezca, señalando que uno de los grandes desafíos es la creciente criminalidad, que ha generado una fuerte demanda de respuestas por parte de la ciudadanía. En este sentido, afirmó que su gestión marcará un “antes y después” y que su equipo trabajará para recuperar el principio de autoridad y la confianza de la población.
Uno de los ejes fundamentales de su gestión será la protección de la autonomía e independencia del Ministerio Público, que, según Espinoza, “no se puede poner en riesgo”. Anunció, además, la consolidación de la oficina de integridad, reafirmando que no tolerarán conductas que afecten la confianza pública en la institución.
Asimismo, indicó que se implementará un sistema de vocería institucional y se fortalecerá la oficina de imagen institucional para garantizar mayor transparencia y rendición de cuentas. “Nuestro compromiso será con la claridad y la honestidad en cada uno de los pasos que demos”, enfatizó.
Por otro lado, la fiscal de la Nación adelantó que promoverán iniciativas legislativas para reforzar la autonomía del Ministerio Público y se opondrán a leyes del Congreso que contengan vacíos o defectos, como la que busca incluir a menores de edad como responsables penales de delitos graves.
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