Demandan que Fiscalía actúe en el caso de Castillo

La revelación de que el presidente Pedro Castillo mantiene una agenda fuera de Palacio de Gobierno no solo evidencia la falta de transparencia de su gobierno, también ha generado una nueva crisis política.

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Las reuniones clandestinas que mantenía el mandatario con ministros, políticos y dudosos empresarios (ver infografía) en el inmueble del pasaje de Sarratea, en Breña, el que un tiempo utilizó como vivienda, han conducido a que diferentes autoridades y altos funcionarios exijan a la Fiscalía de la Nación que actúe de inmediato y abra una investigación.

DEMANDA

Uno de los primeros en pronunciarse fue el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, quien emplazó al presidente Castillo a explicar los hechos y le recordó que de acuerdo con el informe N° 008-2021-OCI-DP/0276-SOO de Contraloría, el mandatario y altos funcionarios tienen el deber legal de reunirse en sus despachos oficiales, haciendo pública su agenda, como lo dictan las normas de transparencia.

“La Fiscalía, Contraloría y Procuraduría deben actuar según sus atribuciones legales y constitucionales para esclarecer hechos. De confirmarse estos hechos, se demostraría un total desapego a las leyes vigentes y a los principios de transparencia que rigen la función pública”, refirió en un comunicado.

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, por su parte, remitió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que inicie una investigación de oficio.

“Lo revelado resultaría un hecho realmente alarmante e inusual, pues la máxima autoridad del Estado estaría incumpliendo con la Ley de Transparencia”, reza el documento.

En paralelo, la legisladora de Avanza País cursó un oficio al ministro de Defensa, Juan Carrasco, para que le remita un informe sobre las reuniones fuera de la Casa de Pizarro.

A estos pedidos sumó su voz el parlamentario Guido Bellido, del partido de gobierno Perú Libre, quien solicitó al Ministerio Público que empiece una exhaustiva investigación y criticó duramente al mandatario. “Señor presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en el Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios”, tuiteó mordaz.

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La Bancada de APP se unió también. “(Exigimos) inmediata intervención de la Fiscalía sobre la naturaleza y contenido de reuniones del presidente Castillo en vivienda de Breña. Reuniones fuera de Palacio solo generan incertidumbre y sospechas de decisiones deshonestas. ¡Exigimos transparencia!”, fue su pronunciamiento.

ADMISIÓN

“Es un tema particular, es un tema totalmente que no está dentro de la gestión (...), son reuniones normales, cotidianas, que se pueden realizar dentro o fuera de un lugar privado”. Con estas palabras, el titular de Defensa, Juan Carrasco, reconoció que el presidente tiene una agenda paralela.

Incluso, añadió que manejan todo el sistema de defensa de la nación y, por lo tanto, deben conservar la reserva de ese tipo de reuniones.

“Pudieron (la prensa) develar incluso cuestiones muy reservadas que conciernen al sector defensa y hay que tener mucho cuidado”, expresó en una radio local.

Por su parte, la premier Mirtha Vásquez reconoció que la denuncia es “delicada”.

“Creo que el presidente Castillo está tratando de ser cada vez más rígido en ese tipo de aspectos. Que sepa, el presidente no despacha en Breña, sino en Palacio de Gobierno”, aseguró en ATV.

Una de las defensas más férreas hacia el mandatario, vino por parte de la ministra de la Mujer, Anahí Durand, quien dijo: “No podemos exagerar ni generar zozobra ni desestabilización”.

“Todo este tema creo que debe investigarse, debe esclarecerse, debe haber transparencia, pero mi prioridad debe ser esa (atender la emergencia en Amazonas) tenemos que seguir viajando”, señaló en RPP.

A ella se sumó el titular de Salud, Hernando Cevallos, quien afirmó que Castillo tiene derecho de mantener reuniones fuera de cámaras.

“El presidente puede reunirse con los empresarios, con los gremios y con las personas que crea necesario. No siempre las reuniones del presidente, porque no todo el mundo quiere que las reuniones sean públicas, tienen que ser de carácter público, pero eso no tiene nada ilegal”, afirmó en una actividad.

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FISCALIZACIÓN

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Alejandro Aguinaga, planteará una moción para que se le otorgue facultades investigadoras a dicho grupo de trabajo parlamentario y así indagar sobre las reuniones furtivas del mandatario.

El legislador Luis Alegría (FP), en tanto, le cursó un oficio a fin de que se cite a la premier Vásquez, al ministro Carrasco y a otros empresarios que asistieron al inmueble.

Por otro lado, la empresaria Karelim López, que asesora a una empresa que forma parte de un consorcio que ganó una licitación, envió una carta a El Comercio tras la revelación de sus visitas a Palacio de Gobierno.

En ella solicita que eliminen de todas sus plataformas las publicaciones acerca de su persona y una rectificación, de lo contrario “recurrirá penalmente contra los responsables”. Su abogado es Fernando Ugaz, defensa de Martín Vizcarra, vacado de la presidencia por incapacidad moral permanente.

SOLICITUD

Sobre el tema, la Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria Luján, solicitó información al secretario general del Despacho Presidencial, Carlos Jaico Carranza, sobre las reuniones que Castillo y otros altos funcionarios sostuvieron con empresarios en la casa de Breña.

Mediante un oficio, Soria pidió a Jaico Carranza, “con carácter de urgente”, que indique si en dichas reuniones se efectuó “un debido control de los asistentes, conforme a la Ley 28024, Ley que regula la Gestión de Intereses de la Administración Pública”.

Por su parte, la Contraloría inició una investigación para verificar “las contrataciones y/o adjudicaciones” de Provías Descentralizada a una empresa vinculada a supuestas gestiones de intereses.

Así aludió a las visitas de la empresaria Karelim López Arredondo a Palacio y ala casa que Castillo usa para reuniones en Breña.

En octubre último, unos días después de tres de estas visitas, el Consorcio Puente Tarata III, integrado por una compañía a la que asesora López Arredondo, obtuvo la adjudicación de un contrato por 232,5 millones de soles de Provías Descentralizado.