​Dictamen que reemplaza D.U. 003 aún sin consenso

En una nueva sesión conjunta, las comisiones de Justicia y Economía debatirán hoy el dictamen sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para reemplazar el Decreto de Urgencia 003.

Dicha iniciativa, de acuerdo al Gobierno, garantiza el pago de reparación civil de empresas constructoras que hayan incurrido en actos de corrupción. Sin embargo, en el Parlamento aún no hay consenso.

En conversación con Correo, el legislador acciopopulista Yonhy Lescano, quien -el 12 de febrero pasado- cuestionó duramente el proyecto en la sesión en que estuvieron presentes los ministros Claudia Cooper (MEF) y Enrique Mendoza (Minjus), señaló que el dictamen no sería aprobado porque todavía requiere modificaciones. “Mañana (hoy) vamos a discutir y tenemos que exigir más cambios. (...) Aún faltan algunas modificaciones”, refirió.

En este sentido, Lescano mencionó “que la figura de la contratación de consultores debe ser eliminada por completo”.

PROVEEDORES. A su turno, la congresista Alejandra Aramayo (Fuerza Popular) advirtió que el dictamen no pone interés en los proveedores peruanos, de modo que ve difícil su admisión. “Se debe garantizar que las empresas peruanas participen en el proceso de reconstrucción (de las zonas dañadas por El Niño costero)”, remarcó.

“Es poco serio aprobar el proyecto de ley del Ejecutivo, porque no ha vinculado en lo absoluto el pago de los trabajadores”, se quejó.

CAMBIOS. El dictamen ha eliminado varios puntos criticados. Así, el nuevo texto no incluye el silencio administrativo positivo, en torno a la solicitud para que las empresas vendan sus activos o transferencias al extranjero. Antes, si el pedido no era atendido por el Ministerio de Justicia, dentro del plazo de 20 días hábiles, se entendía que este había sido aprobado.

Otro tema polémico fue la presencia de consultores, por lo que ahora se debe “verificar la inexistencia de conflictos de interés” en estos.

Adicionalmente, y tomando en cuenta que se pretende incentivar la colaboración eficaz, se precisa que si el acuerdo es denegado por el fiscal o desaprobado por el juez, “las declaraciones formuladas por el colaborador se tienen como inexistentes”.

También se deberá presentar un informe anual sobre el impacto y aplicación de la ley ante las comisiones de Justicia y Economía. Sumado a ello, la Contraloría estará facultada para realizar actividades de control.