La presidenta Dina Boluarte, flanqueada por todos los integrantes de su Gabinete Ministerial, dio un pronunciamiento para cuestionar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Esto sucedió luego de que Benavides presentara una denuncia constitucional contra la mandataria y el premier Alberto Otárola por las muertes ocurridas durante las protestas, tan solo unas horas después de que se revelara que la Fiscalía la sindica como líder de una presunta organización criminal.
RECHAZO
“Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política con la que utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos, se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la Nación”, afirmó la mandataria desde Palacio.
Boluarte Zegarra dijo que le causa extrañeza la presentación de la denuncia constitucional, porque esta se dio luego de que el Perú se enterara de los allanamientos y detenciones de los asesores de la fiscal Benavides, por hechos vinculados a actos de corrupción.
Además, Boluarte destacó que el 24 de noviembre la Fiscalía le notificó su decisión de prolongar la investigación por ocho meses.
“Es muy extraño que el viernes se decida la continuidad y hoy (ayer) se denuncie ante el Congreso. Es sospechoso, es grave que se presente la denuncia luego de que dos fiscales supremos pidan la renuncia de la fiscal de la Nación”, agregó.
EL CASO
La denuncia contra la presidenta Boluarte y el premier Otárola, incluye a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero.
Ellos son sindicados de la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
De acuerdo con el documento al que accedió Correo, la mandataria habría omitido adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos, así como el uso desproporcionado y letal de la fuerza por parte del personal policial y militar.
Además, habría omitido disponer medidas para controlar y evitar más muertes.
Mientras que los otros investigados, según la denuncia, tenían el deber de proteger a la población en general.
