Dina Boluarte le solicitó al Tribunal Constitucional (TC) programar una audiencia para que se revise el recurso de amparo que presentó para que se pueda anular la investigación fiscal que se le sigue por las muertes en las protestas registradas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Mediante su abogado Joseph Campos Torres, la jefa de Estado insiste que dicho proceso vulnera la inmunidad presidencial mediante una “incorrecta aplicación” de las competencias del Ministerio Público.
“Esta situación distorsiona la naturaleza de dicha prerrogativa que ostenta la Fiscalía […]. La inclusión de la presidenta en este proceso carece de justificación adecuada y de una evaluación previa de su pertinencia, lo que representa un acto arbitrario y que debe ser corregido por la justicia constitucional”, se lee en el documento.
La defensa legal de la mandataria argumenta que urge resolver el recurso, pues la prolongación del procesión fiscal “ha causado perjuicios significativos tanto a la figura presidencial como a la institucionalidad del país”, además de vulnerar “derechos fundamentales” de Boluarte en el ámbito personal.
“Por tanto, resulta imprescindible que la jurisdicción constitucional rectifique este proceder injustificado y restablezca la excepcionalidad de las investigaciones que impacten la institucionalidad presidencial”, expresó la defensa.
Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas
El pasado 30 de julio, la Fiscalía de la Nación presentó una nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por presunta autora de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los derechos humanos por las protestas ocurridas en 2022-2023.
“Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad”, señala el comunicado.
El Ministerio Público agrega que “de lo acontecido, se registró 44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y 3 por golpes con objeto contundente) y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena y 5 por otros objetos)”.
Además, la Fiscalía denunció los mismos delitos a los expresidentes del Consejo de Ministros, Pedro Angulo y Alberto Otárola. Además, al exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta, y los extitulares del Ministerio del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
“Existen 303 carpetas fiscales, en los distritos fiscales respectivos, en las que se investiga a 824 personas por los presuntos delitos de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra los medios de transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio y lesiones en agravio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos”, indican.
“La premura y urgencia de este caso radica en la necesidad de detener la continua banalización de la inmunidad presidencial y de evitar que la Presidencia de la República siga siendo objeto de interferencias indebidas e investigaciones sin fundamentos sólidos…”, agrega.
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