Tras varios meses de demora, la Comisión Permanente, que dirige el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, decidió que ese poder del Estado empiece a investigar a la presidenta Dina Boluarte.
Ayer, el citado grupo autorizó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) -presidida por la “apepista” María Acuña- que indague y prepare un informe final sobre las denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía referidas a los casos Rolex y muertes en las protestas contra Boluarte.
Todo ello en medio de la llamada de atención del Ministerio Público al Congreso por su demora en tramitar denuncias constitucionales.
En la sesión de ayer no hubo mucha oposición sobre el primer caso, pero sí sobre el segundo. Se apreció que las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso (APP) y Avanza País intentaron blindar a Boluarte al oponerse que la SAC inicie las indagaciones por las muertes en las protestas.
No obstante, con 13 votos a favor y 11 en contra, se aprobó que sea investigada.
DECISIÓN
El primer caso, el del Rolex, se remonta al 27 de mayo de 2024, cuando la SAC -comandada por Lady Camones (APP)- recibió la denuncia de la Fiscalía de la Nación.
Aquella fecha ingresó pero no se pudo dar cuenta sino hasta el 4 de junio. Ese día se detalló que la denuncia es por los delitos contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio en torno al Caso Rolex.
Al contenido se adjuntaron varios elementos probatorios y 15 tomos.
Dos meses después, el 26 de julio, poco antes de que la SAC cambie de presidente, se remitió el informe de calificación -aprobado- de la denuncia constitucional por el Caso Rolex al entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto.
El propósito era que la gestión entrante priorice el tema y envíe la denuncia cuanto antes a la Comisión Permanente.
No obstante, eso no pasó.
En el documento, la SAC dejó claro a Soto que a Boluarte Zegarra se le atribuyó haber recibido en “donación continua” del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, los siguientes artículos: un reloj Rolex Datejust 36 mms rolesor rosado; una pulsera Bangle con 94 brillantes 1.76 quilates de peso y 5 peras de 1 quilate; un reloj Rolex Datejust Oyster Perpetua; y un Rolex Day Date President, modelo 118135RSL.
Sin embargo, desde que Eduardo Salhuana ganó la presidencia del Congreso, no agendó el tema sino hasta ayer, después de que la Fiscalía advirtiera en un comunicado de las demoras del Parlamento en este caso.
En la sesión de ayer, la Comisión Permanente otorgó 15 días hábiles a la SAC para investigar a Boluarte y luego formule acusación. En total, hubo una demora de 192 días para el inicio de la pesquisa.
GRAVEDAD
Algo similar pasó con la denuncia constitucional sobre las muertes en las protestas. El 30 de julio de 2024, ingresó un oficio a la SAC para darle trámite a esa denuncia, pero recién el 22 de noviembre la Subcomisión, que ahora preside María Acuña (APP), aprobó el informe que calificó la procedencia de la denuncia.
Ese día de noviembre se dieron detalles de la formulación de la Fiscalía. En principio, se indicó que la vacancia presidencial por incapacidad moral de Pedro Castillo y la sucesión de este por Dina Boluarte habría originado que, a partir del 7 de diciembre, se susciten hechos de protestas a través de las cuales se pidió el cierre del Congreso, la renuncia de Dina Boluarte, la liberación de Castillo Terrones y se convoque a una Asamblea Constituyente.
Se informó que la denuncia describió que desde el 9 de diciembre se empezaron a registrar bloqueos, desmanes y ataques a sedes de instituciones estatales, reportándose 86 bloqueos de carretera, 9 aeropuertos afectados y 6 ataques a comisarías.
Asimismo, que a partir del 4 de enero se reportó un paro y hechos de violencia, lo que finalmente habría conllevado a que se produzca el deceso de 44 personas y lesiones a otras 116.
El documento muestra como responsables a Boluarte, al expremier Pedro Miguel Angulo; a Alberto Otárola, exministro de Defensa; a Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa; y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.
Luego de todo el trámite, recién ayer la Comisión Permanente aprobó por mayoría, sin el apoyo de Fuerza Popular, Avanza País, APP y otras bancadas, la denuncia constitucional y autorizó una investigación de 15 días hábiles.
¿Por qué tanta demora? Al ser consultado por la lentitud en el trámite de denuncias, Jorge Montoya (Renovación Popular), vicepresidente de la SAC, aseguró que los oficios se atienden por orden de llegada.
“Entran a una lista de espera y va saliendo uno por uno. Y para priorizarla debemos tomar una decisión sobre eso. Todos los casos son importantes”, manifestó.
Agregó que la SAC tiene, al menos, 200 casos pendientes.
