Más de un mes lleva prófugo el secretario general y dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, tras ser sentenciado por colusión en el caso “Aeródromo Wanka”.
Pese a que su abogado Luis Mayhua se apresuró a garantizar la eventual entrega de su patrocinado, el exgobernador regional de Junín está como no habido desde la fecha de su condena: el último 6 de octubre.
La sentencia de tres años y medio de prisión efectiva, sin embargo, no es la única preocupación de Cerrón. En la actualidad, enfrenta una serie de investigaciones que abarcan su gestión como gobernador y su liderazgo en Perú Libre -el partido que llevó al poder al golpista Pedro Castillo- y está involucrado en una pesquisa por presunto lavado de activos junto con la presidenta Dina Boluarte.
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En detalle
El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Luis Flores Solís, aseguró que su institución vela por la pronta captura de Cerrón Rojas.
En esa línea, sostuvo que la PNP ha podido identificar que el exgobernador es “ayudado” por un grupo cercano para evadir la justicia.
“Cerrón es una persona pública que estuvo muy ligada al Gobierno anterior. Y tiene mucha gente que lo ayuda”, afirmó en RPP. Añadió que los cómplices del prófugo perulibrista tienen una gran “influencia”.
“Él es presidente de Perú Libre, ¿quiénes gobernaban en el gobierno anterior?, Perú Libre. Entonces, tiene muchos conocidos. Yo no estoy diciendo que el partido lo está apoyando, (sino que) tiene muchos conocidos, mucha gente de influencia que, de una u otra manera, sabemos que lo están ayudando”, remarcó.
Flores Solís también destacó que se tienen “a todos los equipos de Inteligencia”, de la PNP “tras los pasos” de este prófugo, pero que no se puede brindar mayor información por ahora, pues las diligencias en este caso son “reservadas”.
“Nosotros estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo para capturarlo (...). La disposición del comandante general es que todos los policías estemos involucrados en su captura, principalmente la Dirincri”, aseveró.
Según sus declaraciones, la Policía “dará respuestas positivas” muy “pronto”.
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Gestiones
El general (r) Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la PNP, sostuvo en diálogo con Correo que esta situación, que terminó con la fuga de Vladimir Cerrón, pudo haberse previsto.
Agregó, que se debió desplegar operaciones de observación, vigilancia y seguimiento para ubicar al exgobernador de Junín.
“Esto sucedió con el exministro Juan Silva. Él sí tenía observación y demás; pero claro, luego dispuso que cesaran las labores de su personal de seguridad. En el caso de Cerrón no hubo orden, a pedido del Ministerio Público, para que el Poder Judicial disponga de estas medidas. Nadie estuvo atento”, dijo.
Lamentó que el prófugo continúe cuestionando el sistema policial, entre otros temas coyunturales, desde su cuenta en X (antes Twitter).
“Cerrón se da el lujo de referirse a la Dirección de Investigación Criminal. Se refiere al general (Óscar) Arriola, también, teniendo órdenes de captura. Es una burla lo que está ejecutando, Vladimir Cerrón, en contra de la actual labor de la Policía”, enfatizó.
Sospechas
Pérez Rocha también cuestionó las actuales labores de la PNP y el Ministerio del Interior (Mininter) en este caso.
Sospechó, incluso, de alguna posible disposición “gubernamental o política” que interfiera con la captura del líder de Perú Libre.
Como se mencionó líneas antes, el condenado por corrupción es investigado junto con la presidenta Boluarte por lavado de activos, por el presunto financiamiento ilegal de las campañas de 2020 y 2021 de Perú Libre.
La entonces ministra (Desarrollo e Inclusión Social) y vicepresidenta de Pedro Castillo, exmandatario en prisión preventiva, fue incluida en el caso en octubre de 2021.
Según la tesis del fiscal Richard Rojas Gómez, trabajadores del Gobierno Regional de Junín, durante la gestión de Cerrón, eran condicionados a pagar determinadas sumas de dinero a Perú Libre. Estos montos, presuntamente, se depositaban en las cuentas de Boluarte y otros militantes del partido.
Se presume que el objetivo no era solo financiar a Perú Libre, también cancelar la reparación civil de Cerrón en un caso previo.
La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, incluida en este caso por disposición judicial, solicita que el exgobernador y otros implicados paguen una suma de 10 millones de soles, de forma solidaria, en caso de ser sentenciados.
Por esta investigación, además, el fundador de Perú Libre tiene una comparecencia con restricciones. Como es sabido, de no cumplir con las reglas de conducta dispuestas, para este caso, el Ministerio Público puede solicitar la revocatoria de la comparecencia y la imposición de una prisión preventiva.
Pendientes
Dos personajes claves en el gobierno de Perú Libre están también en la clandestinidad y pesa sobre ellos una orden de prisión preventiva por 36 meses por el caso “Puente Tarata”. Se trata de Fray Vásquez, sobrino del golpista exmandatario Pedro Castillo, y su exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva.
El primero suma 595 días en la clandestinidad (1 año, 7 meses y 20 días). Enfrenta los presuntos delitos de tráfico de influencias, falsa declaración en procedimiento administrativo, uso de documento falso, colusión agravada y organización criminal.
En tanto, Juan Silva tiene 527 días como no habido (1 año, 5 meses y 12 días). Es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.
Por “Puente Tarata”, cabe recordar, Castillo recibió una orden de prisión preventiva, la que purgar en el Penal de Barbadillo.
