Duberlí Rodríguez: “No descarto que pueda ser candidato”

Está cerca de cumplir los 70 años, pero asegura sentirse como de 40. Esta vitalidad es la que podría conducir a Duberlí Rodríguez a retornar a la política, que una vez lo hizo congresista, y esta vez llegar, quizá, hasta el sillón de Pizarro. Sin embargo, por el momento tiene claro que su norte es ofrecer su mejor desempeño en otra presidencia: la del Poder Judicial.

¿Cómo se siente ante las numerosas críticas al Poder Judicial en los últimos días? 

Bueno, obviamente no me siento cómodo, porque el PJ vuelve a ponerse en el centro de la tormenta. Pero como toda tormenta, tiene que pasar, no ha ocurrido ninguna catástrofe, ningún terremoto; nadie ha muerto.

¿Cómo calificaría estos cuestionamientos?

Creo que cuando las críticas se hacen de buena fe, son bienvenidas, porque son constructivas, orientadas a que nuestro trabajo mejore, pero si son críticas destructivas, entonces la motivación ya no es saludable, y esas las tengo que rechazar. Por ejemplo, he dicho que yo no me voy a sumar a esa suerte de cargamontón contra el juez (Richard) Concepción Carhuancho. Lo que yo hice simplemente fue comentar la secuencia, muy corta en el tiempo, de tres resoluciones que podrían generar cierta incertidumbre, nada más.

¿Cree que Ollanta Humala se victimiza en desmedro del aparato judicial? 

Bueno, esa es una opinión de contenido, de repente, más político que jurídico. Lo único que yo tengo que responder es que el Poder Judicial no se encarga de perseguir a nadie, sea el señor Ollanta o quien fuera, no ejerce una política de persecución porque el Poder Judicial ni siquiera escoge a quién se va a perseguir, eso lo hace la Fiscalía.

¿Y la Fiscalía puede incurrir en excesos? 

Nunca está descartado de manera total, porque no existe una vacuna que impida que en algunas oportunidades un juez o un fiscal pueda incurrir en, digamos, excesos, pero si los hubiera, dentro del mismo proceso está abierto el camino para que eso se corrija, y eso se hace haciendo uso de los recursos de impugnación y, sobre todo, del recurso ordinario de apelación. Por ejemplo, si vamos a la prisiones preventivas que ha dictado el juez Concepción Carhuancho, casi todos han apelado, algunas han sido confirmadas y otras han sido revocadas, de tal manera que la voz de un juez de primera instancia no es la definitiva.

Ha tenido una postura crítica con respecto a la prisión preventiva. ¿Podría ser uno de esos excesos?

Mire, si se hace un uso abusivo de la prisión preventiva, sí sería un exceso, pero no voy a individualizar ningún caso. Y por otro lado, no lo digo yo, me remito a un estudio que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la prisión preventiva en todos los países de América Latina, y ha concluido que el país que más viola la presunción de inocencia, que debe regir en la investigación preparatoria, es el Perú.

¿Por qué, como en otras ocasiones, no ha salido a defender al juez Concepción Carhuancho? 

Un momentito: yo no voy a salir a defender la resolución del juez, ni a atacar la resolución del juez, porque eso lo pueden hacer las partes; si yo lo hiciera, estaría interfiriendo en la administración de justicia. Otra cosa: yo no he salido a sumarme al cargamonton que se podría estar armando contra el doctor Concepción Carhuancho, yo más bien he salido a decir que él tiene mi respaldo como juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional y tiene el respaldo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque su permanencia en ese cargo solo depende de nosotros: él no es titular en la Sala Penal Nacional, él es titular de un juzgado en Chimbote.

Entonces, ¿se quedará en la Sala Penal Nacional? 

Como juez de investigación preparatoria, no juez de juzgamiento.

¿El juez Richard Concepción Carhuancho podría terminar en el Sistema Anticorrupción?

Absolutamente. Sería hasta necesario que, digamos, continúe. 

¿Por qué? 

Porque dentro de algún tiempo prudencial se van a reformar los dos sistemas que ahora están marchando por separado: el Sistema Anticorrupción, que coordina la doctora Susana Castañeda; y la Sala Penal Nacional, que ve, sobre todo, crimen organizado. Ahorita tengo una suerte de dos cabezas que andan en distintas direcciones, pero ya hemos tomado la decisión, en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de unificar en un solo organismo jurisdiccional, que probablemente llamaremos Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado. Una comisión me entregó el dictamen, el proyecto de estatuto de esta nueva corte.

¿Cuándo se lo entregaron?

Me lo han entregado en el mes de enero de este año, pero antes de discutirlo directamente en el Consejo Ejecutivo, que es el órgano de gobierno que va a tomar la decisión, he decidido consultar a los 15 jueces supremos que están en la Corte Suprema. Una vez que tengamos aprobado esto, pondremos en conocimiento del Consejo Nacional de la Magistratura cuántos juzgados y cuántas salas, es decir, cuántos jueces tienen que ser convocados para concurso a fin de que ya sean titulares en esta nueva corte. ¿Qué pasará con los que ahora están en la Sala Penal Nacional y los que están en el Sistema Anticorrupción (...)? La decisión final es: los dos concursan.

En el caso de Osmán Morote y Margot Liendo, la Sala no programó las audiencias con una continuidad para acelerar... 

Sobre ese tema, institucionalmente yo he hecho una autocrítica, sin que yo haya tomado alguna sanción contra los miembros de la Sala. He constatado que el juicio oral contra la señora Liendo, Morote, y también el señor Abimael Guzmán, ha empezado el 14 de febrero del 2017, y ha pasado más de un año y no ha terminado el juicio. Eso sí para mí significa negligencia en el trámite rápido que se tiene que dar a un proceso que es tan, digamos, emblemático. Yo he hecho un llamado a los señores de esa Sala para que aceleren las audiencias y ellos se han comprometido (...) Espero que en un plazo no mayor de tres meses se emita ya la sentencia.

Una consulta final. Se rumorea que tiene aspiraciones políticas. ¿Es así?

Bueno, yo lo tomo como un buen deseo de quien lo dice. Yo ahorita tengo un compromiso con el Perú: ser presidente del Poder Judicial hasta el 30 de diciembre de este año (...) Para el próximo año, que yo ya dejo de ser presidente del Poder Judicial, vuelvo a mi condición de juez de la Corte Suprema. No sé a qué Sala me incorporaré, pero trabajaré ahí religiosamente hasta el 1 de octubre del 2019, cuando me retiraré por límite de edad, porque cumpliré 70 años, aunque en mi espíritu creo que tengo 40. ¿Qué haré después? Lo veré en ese momento. Estoy seguro de que volveré a la defensa libre, porque soy abogado. Volveré con más fuerza a la docencia, porque también es una de mis ocupaciones, una de mis pasiones, y la política es una opción que se abrirá o se cerrará en ese momento. Yo no puedo negar que he tenido antes, como opción de vida, la política. He merecido la generosidad de mi pueblo, que me eligió, de 1980 al 83, regidor en Chiclayo, y el año 85, con 18 mil votos preferenciales, diputado por el departamento de Lambayeque en la lista de Izquierda Unida. Entonces, eso ha sido mi pasado político, pero a partir del año 86, en que me incorporé al Poder Judicial, donde tengo ya 32 años, nunca nadie me ha cuestionado por favoritismo político.

Entonces, no descartaría una eventual candidatura a la Presidencia de la República o al Congreso... 

No puedo descartar así, de manera total, porque sería, digamos, algo irresponsable. ¿Y si después de repente acepto, por ejemplo, ser candidato del pueblo donde nací, que se llama Rodeopampa? Podría ser, es una opción.

“No hay una intromisión del TC o la Corte-IDH”

Ha dicho abiertamente que la intención es suspender a dicha organización o disolverla. Esa es una petición que ha hecho el fiscal. Las partes pueden pedir lo que quieran. ¿Y quién va a resolver eso? Un tercero, imparcial.

¿Pero qué piensa de esa medida? 

Ah, ese es un tema, diríamos, que lo tiene que analizar bien el juzgado, en su momento, pero yo no sé si lo pueda hacer en una etapa preparatoria o lo tendrían que plantear como parte de la acusación.

¿Fue un error que el TC libere a Ollanta Humala y a Nadine Heredia? 

Nosotros, como país, somos parte de la familia jurídica europea continental. Fuimos colonia de España y nos trasplantó su régimen jurídico. Llegó la República y hemos seguido con ese sistema. Si usted se va a Europa, casi todos los países europeos tienen Tribunal Constitucional (...) Ese modelo hace que la justicia ordinaria, entiéndase Poder Judicial, coexista con la justicia constitucional. Entonces, aquí tenemos el Tribunal Constitucional, que tiene atribuciones para revisar decisiones judiciales (...) El Poder Judicial no aceptó ninguna de las impugnaciones o las demandas interpuestas por el señor Humala, por eso es que se fue, vía recurso de agravio constitucional, al Tribunal Constitucional, y este le dijo: “Sí”. ¿Y yo qué tengo que decir? Que debo respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, pero también que no me agradaría que el Tribunal Constitucional lo convierta en una práctica diaria.

Si la Corte-IDH falla a favor del indulto, ya dijo que se va a respetar, pero ¿sería una intromisión?

No es intromisión lo que hace el Tribunal Constitucional y tampoco lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Perú, como Estado, ha aceptado su competencia.

DATOS

- 3080 jueces tiene el Poder Judicial en todo el territorio nacional.

- 60 órganos judiciales, destaca Rodríguez, están camino al expediente electrónico.

Duberlí Rodríguez