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El pleno del Congreso aprobó ayer la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra el congresista Edgar Alarcón, bajo sospecha de haber cometido delito contra la administración pública y enriquecimiento ilícito agravado cuando fue contralor general de la República entre los años 2016 y 2017.
Asimismo, se le suspendió todos los derechos y deberes funcionales mientras dure el proceso penal. En su lugar, el accesitario Héctor Arias, de la bancada de Unión por el Perú (UPP) asumirá como congresista por Arequipa.
CONSECUENCIAS. A partir de la fecha, la Fiscalía podrá continuar con las investigaciones y presentar medidas restrictivas en contra de Alarcón Tejada al no tenereste ningún tipo de protección parlamentaria.
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La decisión se tomó con 62 votos a favor, cero en contra y 13 abstenciones. El caso tenía más de nueve meses de evaluación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente.
En la audiencia, Felicita Tocto, ponente de la denuncia, dio cuenta que sobre Alarcón pesan dos cargos.
El primero, por presentar un desbalance patrimonial, es decir haber tenido menores ingresos y mayores gastos, por la suma de 201 mil 337 soles. Y el segundo, por existir en su cuenta bancaria 21 depósitos “de origen desconocido y cuyos depositarios también se desconocen” por una suma de 275 mil 644 soles. Esto último no había sido consignado en su declaración jurada de bienes y rentas.
“El potencial delito es el tipificado por el artículo 401 del Código Penal respecto al enriquecimiento ilícito”, sostuvo.
En su defensa, Rosa Bartra, abogada de Alarcón, sostuvo que solo está probado que su defendido fue funcionario de la Contraloría, que jamás se encontró evidencia alguna de la ilicitud del incremento patrimonial y que, por lo tanto, “no concurre ningún elemento”.
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