El colmo: cortes caviares quieren más dinero

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) están en el ojo de la tormenta en diversos países por sus polémicos fallos; sin embargo, ambas han decidido conseguir más presupuesto de los países que forman parte del sistema.

Durante la conferencia internacional "Los retos de la actual reforma de la CIDH", desarrollada en Lima, el secretario ejecutivo de esa institución, Emilio Álvarez Icaza, cuestionó que la mayor parte de su presupuesto esté basado en la cooperación internacional.

"Tenemos un sistema regional del que los Estados miembros no se hacen cargo, al menos en materia de financiamiento. Una tercera parte proviene de Estados no miembros. Bienvenida la cooperación y solidaridad de Europa, pero cómo es posible que para pagar las audiencias de la comisión, que se reúnen 7 semanas, del fondo regular se pagan solo entre 3 y 4 (semanas)", cuestionó.

Álvarez agregó que cinco países de la OEA pertenecen al G-20, de las economías más poderosas del mundo, y hay Estados miembros que dan apenas $17 mil como contribución anual, otros $120 mil, y de eso solo el 6% es percibido por la CIDH.

"Entonces, si un Estado miembro da $120 mil, a la Comisión le tocan $6400, o sea, dos o tres boletos de avión. Si hablamos de fortalecimiento, también es pertinente enseñar qué tipo de sistema queremos", comentó durante su intervención.

Sin embargo, según información del propio portal web de la CIDH, esta recibió en el 2011, por concepto de "contribución de fondos específicos", un total de $5'135,200.

El desagregado indica que los Estados miembros aportaron $2'320,700, los observadores permanentes (España, Holanda, Irlanda, entre otros) $2'415,600, a lo que se añade un porcentaje menor procedente de instituciones de defensa de los derechos humanos.

LA CORTE TAMBIEN PIDE. Por su parte, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Diego García Sayán, también cuestionó el poco presupuesto con el que cuenta la institución que preside.

"El 50% del presupuesto para la actividad ordinaria de la Corte, es decir, el que se destina para sesiones y pagar sueldos de abogados, depende de la cooperación internacional y de países como Noruega, España y Dinamarca. Sin eso, la Corte colapsa", comentó.

Agregó que el orden lógico de las cosas tendría que ir en el sentido de que un sistema nuestro, de los países interamericanos, "tiene que ser solventado por los países que lo han creado".

"Los países que han creado la Comisión y la Corte deben solventar su trabajo, porque este no es un trabajo para batallar contra los Estados y los derechos soberanos, sino al revés: para fortalecer las capacidades institucionales y los derechos de las personas", expresó García Sayán en su alocución.

NO LES DOY NADA. Al respecto, el exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz cuestionó que ambas instituciones pidan mayor presupuesto sin antes efectuar las modificaciones que algunos países vienen reclamando.

"Yo no les daría un put... cobre más. Antes que eso, se tiene que modificar el reglamento y el estatuto de ambas instituciones para que los países tengan también el debido proceso, que es lo que se viene infringiendo", manifestó.

"Tanto es así que ellos (la CIDH), por sí y ante sí, han modificado el reglamento y han establecido la posibilidad de dictar medidas cautelares, cosa que era, de acuerdo a la Convención Americana de DD.HH., potestad exclusiva de la Corte", cuestionó.

Flores Aráoz dijo que mientras no se hagan modificaciones adecuadas para el buen funcionamiento de la Comisión y la Corte, y mientras no se cambie el sesgo "caviarón" que tienen, a ninguna se le debe dotar de más fondos.

Por su parte, el expresidente de la Sala Nacional Antiterrorismo Marcos Ibazeta consideró que, antes de hablar de dinero, los países tienen que redefinir el perfil de los jueces que integran la Corte IDH.

"No podemos tener tanto juez con ideologías sesgadas. No podemos tener una Corte que inmovilice a los Estados. Estoy de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, pero de allí a paralizar a los Estados, sobredimensionando temas que, siendo de menor importancia que la autoridad que debe ejercer el Estado, terminan favoreciendo al que agrede a la sociedad, no", comentó en alusión a los subversivos.

Por su parte, el exvicepresidente de la República Luis Giampietri dijo que el problema no está en el dinero, sino en la forma como los jueces de estas instituciones actúan, particularmente con nuestro país.

"A la Corte le hace falta una segunda instancia, en la que se puedan revisar los fallos, como en cualquier entidad de justicia. Y los magistrados deben ser seleccionados rigurosamente, sin inclinaciones políticas e ideológicas, como ahora", planteó.