Poder Judicial: En contra del uso abusivo del hábeas corpus y amparo

Flexibilidad en la presentación del primer recurso dio paso a la corrupción de algunos malos jueces, aseguran expertos
Poder Judicial: En contra del uso abusivo del hábeas corpus y amparo

Poder Judicial: En contra del uso abusivo del hábeas corpus y amparo

03 de Septiembre del 2017 - 09:46 » Textos: Karina Valencia » Fotos: Correo

Actualmente, el Código Procesal Constitucional del Perú permite que los procesos de hábeas corpus y amparo se presenten en lugares donde no necesariamente se dictaron sentencias o resoluciones judiciales. La flexibilidad de esta medida, que surgió varios años atrás bajo la idea de que una madre pueda luchar desde Puno por la libertad de su hijo detenido arbitrariamente por militares en Tumbes, se ha desnaturalizado a tal punto de que se exijan cambios en la mejora de su administración.

INICIATIVA. A inicios del mes de agosto, el presidente del Poder Judicial (PJ), Duberlí Rodríguez, presentó ante el Congreso una iniciativa legislativa que, de aprobarse, significaría el freno del uso abusivo de los recursos de hábeas corpus y amparo, que han terminado por convertirse “prácticamente en una corruptela”. Solo entre el 2015 y 2016, la presentación de hábeas corpus contra fallos judiciales pasó del 38 a 41%; mientras que el amparo aumentó de 18 a 22%.

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Si bien la discusión volvió a saltar a la palestra pública tras las acciones tomadas en Arequipa y Cajamarca por parte de la defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, constituye toda una labor de seguimiento impulsada por agrupaciones civiles, como los familiares de la víctimas de la discoteca Utopía.

CAMBIOS. El abogado penalista César Nakasaki sostiene que la flexibilidad de la presentación de estos recursos “se ha desnaturalizado con el paso del tiempo”, al punto de pasar de garantizar los derechos fundamentales a utilizarse “como mecanismos de impunidad”.

El letrado sostiene que el proyecto de ley del Poder Judicial debe apuntar a “reducir al máximo y establecer criterios de cuáles son los casos excepcionales en los que se puede interponer un hábeas corpus y un amparo fuera de la sede donde se han producido los hechos”.

“Deben ser situaciones excepcionalísimas y corroboradas por el juez. Si no hay razón no debería admitirse a trámite”, afirma tras recordar el intento de anular la sentencia contra los dueños de la discoteca Utopía, presentada en Cajamarca en octubre de 2016, pese a que la condena se había establecido 14 años atrás.

“Normalmente, cuando se presentan estos hábeas corpus o amparos ‘delivery’, siempre responden a casos de corrupción. ¿Por qué un juez de Cajamarca va a querer anular un caso dictado en Lima. Solo puede responder al soborno”, responde el abogado de los deudos.

Quien también se ha mostrado a favor del proyecto del PJ es el exdecano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti. Este afirma que dicha propuesta podrá hacer frente al uso excesivo de los hábeas corpus y el amparo.

“Veo que (los abogados) se van a provincias muy distantes del área donde se produjo la violación de un derecho fundamental y consiguen, en muchos casos bajo evidentes casos de corrupción, que procesen”, explica.

Al respecto, reiteró la importancia de que los jueces que admiten a trámite estas solicitudes sean investigados por aceptar procesos que no garanticen su adecuado uso.

OBSERVACIÓN. No obstante, César Nakasaki afirma que en el proyecto legislativo no debe perderse la facultad veloz del hábeas corpus, si este es presentado ante una sala superior y no a un juez individual -como ocurre hoy-, para evitar casos de corrupción.

“En una sociedad, si tú quieres dos buenos termómetros para medir la libertad de las personas, revisa cómo funciona el hábeas corpus y la prisión preventiva. Si funcionan bien esos mecanismos, uno puede tener la seguridad de que esa sociedad respeta la libertad”, destaca.

RODRÍGUEZ SUSTENTARÁ PROYECTO. El titular del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, tiene previsto acudir al Congreso la próxima semana, con el fin de sustentar la iniciativa legislativa de su sector ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el oficialista Salvador Heresi. 

Cabe señalar que la propuesta también fue derivada a la Comisión de Constitución.