Blume a un año de la disolución del Congreso: “Fue inconstitucional”

Ha transcurrido exactamente un año desde que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció la disolución del Congreso de entonces.

El 27 de setiembre del 2019, el Ejecutivo presentó una cuestión de confianza para que el Parlamento debata una modificación en la elección de miembros del Tribunal Constitucional (TC).

Aunque el Legislativo la aprobó, antes designó como magistrado del TC a Gonzalo Ortiz de Zevallos, lo que el Gobierno interpretó como una “denegación fáctica” de la confianza que presentaron para frenar dicho proceso.

Consultado sobre la constitucionalidad del cierre del Congreso, Ernesto Blume, integrante del TC, afirmó a Correo que él reitera su postura en la demanda competencial que interpuso el entonces titular de la Comisión Permanente del Legislativo, Pedro Olaechea.

“Opiné que era inconstitucional la disolución y eso estaba en mi voto. Simplemente me remito a mi voto”, enfatizó.

Pese a esto, Blume aseguró que respeta la decisión que en enero pasado adoptó el Pleno del TC, que por cuatro votos contra tres rechazó el recurso del Parlamento. Quienes lo acompañaron en su posición fueron los magistrados Augusto Ferrero Costa y José Luis Sardón.

MÁS DE LO MISMO. Sobre la disolución del Legislativo, el analista Luis Benavente consideró que un año después “la situación no ha mejorado”, al punto de que de que “el presidente sigue enfrentando al Congreso”.

“Ese es su juego (la confrontación con el Parlamento) y la reforma política. El presidente no da resultados en gestión sanitaria, educativa, no da resultados en gestión de la economía para enfrentar la pandemia (...), por eso se va al terreno donde él gana”, manifestó a este diario.

A su turno, el también analista Luis Nunes opinó que el cierre del Parlamento fue un remedio que al parecer fue peor que la enfermedad, en alusión a la actual representación nacional.

Resaltó que un estudio, el Latinobarómetro, revela que los peruanos perciben que el Congreso solo se dedica a aprobar leyes populistas o a enfrentarse al Gobierno.

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