Diversos juristas advirtieron ayer irregularidades en la sentencia que anula las resoluciones judiciales en primera y segunda instancia, que hallaban culpable al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de haber cometido actos de corrupción cuando era gobernador de Junín.
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Según Enrique Ghersi, abogado penalista, aún existe un proceso pendiente sobre este caso. El hecho refiere al recurso de casación presentado -en 2019- por la Fiscalía, mediante el cual se solicitaba que Cerrón purgue una pena efectiva y no suspendida como lo venía haciendo.
“Si está con casación, es un proceso que no ha concluido y por consiguiente no podía interponerse un hábeas corpus en este caso porque es un proceso que está en trámite por la Corte Suprema”, dijo a Correo.
Razones de fondo. Ghersi indicó que un recurso de hábeas corpus examina la libertad de una persona y solo debe interponerse cuando un proceso concluya. Sin embargo, refirió que Cerrón, hasta la fecha, no ha sido privado -o no hay amenaza- contra su libertad.
Sostuvo que la sentencia del juez Alaín Salas, de Huancavelica, es irregular y tiene que ser objeto de apelación. Dijo que la Corte Superior tiene que revocar la sentencia porque existe una casación pendiente y no se trata de una acción de garantía por la libertad individual sino “de discutir el debido proceso y para eso corresponde un amparo”.
Similar opinión tuvo Carlos Caro. El penalista calificó al fallo de Salas Cornejo de irregular porque el recurso fue interpuesto “a un juez materialmente incompetente”, de Accobamba, “de una población pequeña de menos de 9 mil personas y donde solo hay un magistrado”; es decir, “los abogados prácticamente han escogido al juez”.
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“Ellos han decidido presentar el recurso donde puedan tener el control. (…) Lo que están haciendo los abogados es ruletear: presentar varios hábeas corpus para lo mismo (en diferentes juzgados) y eso es irregular desde el punto de vista legal”, refirió. Sobre este punto Ghersi opinó lo mismo.
Caro Coria señaló que este caso tendrá que verse en segunda instancia. “Como ya intervino la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y la presidenta del PJ se pronunció, es probable que esto sea revocado por el tribunal superior”, dijo.