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Diversas exministras de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rechazaron el cambio de nombre de dicho portafolio por el de Ministerio de la Familia, como lo aprobó la Comisión de Descentralización del Congreso.
En un comunicado, indicaron que la definición y el carácter de dicho ministerio han permitido avanzar en normatividad, políticas, programas y servicios para contribuir a eliminar la discriminación estructural de las mujeres peruanas.
Asimismo, señalaron que las familias “son fundamentales” y reconocen los derechos de cada uno de sus miembros al interior de ellas, así como los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos, como parte de la rectoría del sector.
“No cederemos ni retrocederemos frente a lo avanzado a lo largo de los años, fortalezcamos las competencias y la rectoría que ejerce actualmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, sentenciaron.
El documento está firmado por las exministras Anahí Durand Guevara, Gloria Montenegro, Ana María Mendieta, Ana María Romero-Lozada, Marcela Huaita Alegre, Ana Jara Velásquez, Aida García Naranjo, Carmen Vildoso Chirinos y Anel Townsend.
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El dictamen aprobado el último martes 5 recae en la iniciativa legislativa Nº 1229/2021-CR, presentada por el parlamentario Américo Gonza (Perú Libre), indica que la propuesta declarativa “permite poner en vitrina y darle la importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar”.
“Si bien, no se cuenta con la competencia para plantear la modificación real del nombre del Ministerio, el Congreso de la República si podría hacerse un llamado al Poder Ejecutivo mediante una ley declarativa de interés público con la finalidad que advierta de la falta de atención que sufren los demás miembros vulnerables de las familias, como son los menores de edad y las personas adultas mayores en estado de abandono”, reseña el documento.
Agrega que “ciertamente, las mujeres violentadas son un grupo vulnerable en nuestro país que merece políticas públicas que las protejan; pero también los niños en estado de abandono y los adultos mayores en el mismo estado de abandono necesitan de políticas públicas que incidan en su protección”.
