Un reciente análisis de propuestas presidenciales sometió a revisión técnica los planteamientos de Carlos Álvarez y César Acuña, en materia de política social y vivienda.
Un análisis elaborado por Videnza Consultores evalúa el impacto fiscal de ampliar el programa Pensión 65 a todos los adultos mayores sin pensión y la propuesta de otorgar bonos de hasta S/100 mil a jóvenes para la compra de vivienda.
¿Cuánto costaría ampliar Pensión 65?
Álvarez propone extender el programa estatal Pensión 65 a todos los adultos mayores que no perciban ningún tipo de pensión.
Según cifras del INEI citadas en el análisis, en 2026 el Perú contaría con 3,573,969 personas mayores de 65 años. De ese total, el 57,1 % no recibiría pensión, lo que equivale a 2,040,736 adultos mayores.
Actualmente, Pensión 65 otorga S/350 cada dos meses (S/175 mensuales) a más de 824 mil beneficiarios.
Extender el beneficio al total de adultos mayores sin pensión implicaría un costo adicional estimado en S/ 4,285 millones anuales, según los cálculos presentados. Esa cifra equivaldría a la suma de varios sectores presupuestales del Estado.
El informe advierte además que el envejecimiento poblacional —con una tasa de crecimiento anual cercana al 6 % en este grupo— incrementaría progresivamente el gasto.
Bono juvenil de hasta S/100 mil
Por su parte, Acuña plantea entregar un bono de hasta S/100 mil a jóvenes para la compra de vivienda.
Según el análisis, si se otorgara el bono a los aproximadamente 5,2 millones de jóvenes entre 18 y 29 años (cifra basada en datos del INEI), el costo total alcanzaría los S/523,286 millones.
Esa suma superaría ampliamente el presupuesto público anual (S/265,341 millones, según el gráfico comparativo), así como el presupuesto de los gobiernos regionales y del Fondo MiVivienda.
El informe también señala que una medida de esa magnitud podría generar presiones en el mercado inmobiliario, elevar precios y producir efectos macroeconómicos adversos.
Conclusiones del análisis
La realización de ambas propuestas, en su formulación más amplia, tendrían un impacto fiscal significativo y requerirían fuentes de financiamiento claramente identificadas.
En el caso de Pensión 65, el desafío radica en la sostenibilidad de largo plazo ante el crecimiento demográfico del grupo etario.
En el caso del bono juvenil, el principal cuestionamiento apunta al costo total estimado y su relación con el presupuesto nacional.
