La Comisión de Fiscalización del Congreso viajó ayer a Chimbote junto a diversas autoridades del país para participar de la XII Audiencia Pública Descentralizada y escuchar las centenares de denuncias que pesan sobre el presidente regional de Áncash, César Álvarez. Fue allí, en el auditorio de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, que el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, hicieron un mea culpa a nombre de sus instituciones por la falta de reacción ante los actos de corrupción suscitados durante los dos periodos presidenciales que ha permanecido Álvarez en la región.

MARCHA. En las inmediaciones del complejo universitario, más de cien personas marcharon de forma pacífica vestidos con polos blancos y con pancartas en mano. El mensaje: fue poner fin a la violencia en la región.

Un total de 700 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes), de la PNP, mantuvieron el orden y la seguridad en los alrededores, previamente advertidos de un posible atentado por parte de revoltosos que buscaban frustrar el diálogo.

A la cita acudieron también el contralor general de la República, Fuad Khoury, el director general de la Policía, Jorge Flores Goicochea, y el procurador anticorrupción Christian Salas también estuvieron presentes y expresaron su solidaridad con el pueblo chimbotano.

Álvarez, como anunció días atrás, no asistió.

MEA CULPA. El titular de la Comisión de Fiscalización, Vicente Zeballos, en representación de su grupo de trabajo, abrió el diálogo reconociendo, en primer lugar, la inacción del Estado al decir que ha tenido una presencia "inadvertida" en la región Áncash. En ese sentido, indicó que no se presentaron únicamente para llevar un diálogo fraterno, sino también para asumir responsabilidades.

Refirió que la crisis que lleva años instaurada en la zona debe constituirse como una "circunstancia emblemática" que permita al Estado voltear la mirada hacia el interior del país y no permanecer "de espaldas". Por ello, Zeballos prometió que el Estado asumirá los correctivos necesarios de manera "inmediata y urgente".

"Estamos aquí para recuperar la presencia del Estado, que nunca debió estar ausente en la región Áncash", lamentó.

Recordó que la semana pasada se formó una comisión especial en el Congreso, cuyo móvil de trabajo son las investigaciones que se harán en la región.

"Disculpen, Áncash, por esta tardía presencia. Pero aquí estamos para hacer los correctivos", finalizó, en alusión a la acción extemporánea del Legislativo en las investigaciones de los actos de corrupción en la región.

TAMBIÉN EL MP. Pese a recibir una sonora silbatina, el fiscal de la Nación, José Peláez, admitió que su despacho se mantuvo de espaldas durante todos estos años, y reiteró las disculpas ofrecidas previamente por Zeballos.

Argumentó que, al igual que la Policía, el Ministerio Público pasó por una serie de "problemas" para hacer prevalecer el orden en la zona.

Uno de ellos, aseguró, fue que "tuvimos (en la institución) un presidente de la región que estuvo entronizado mucho tiempo, a cargo de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores".

Dicha Junta de Magistrados, como se recuerda, estuvo a cargo del destituido Dante Farro Murillo, quien se encargó de pedir la remoción de los fiscales que investigaron las irregularidades ocurridas en 'La Centralita'.

"Todas las autoridades tenemos que hacer un mea culpa por mantenernos de espaldas al Santa, a Chimbote. Eso lo aceptamos", indicó.

"Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura está nombrando fiscales titulares y, en la medida que se robustezcan, creo que va a verse un mejor trabajo", continuó.

En otro momento, los asistentes ovacionaron cuando se resaltó que la fiscal Nancy Moreno será la nueva encargada de dirigir la Junta de Fiscales del Santa.

"Le damos todo nuestro respaldo. Hemos solicitado las garantías necesarias para resguardar su vida. Y también lo vamos a hacer con sus hijos para que no corran ningún riesgo", enfatizó Peláez.

Como adelantó el domingo pasado a Correo, Peláez informó que serán las Fiscalías de Crimen Organizado, con sede en Lima, las encargadas de investigar la muerte del exconsejero regional Ezequiel Nolasco y todos los crímenes políticos ocurridos en la región durante los últimos años, con la finalidad de evitar que los fiscales locales sean objeto de atentados.

TOLERANCIA CERO. A su turno, el contralor general de la República, Fuad Khoury, se preguntó cómo cerrar "el circuito de la corrupción". "El pueblo de Áncash tiene que decirle tolerancia cero a la corrupción", sentenció.

Por ello, exhortó a la población a interponer sus denuncias a través del Sistema Nacional de Atención de Denuncias de la página web de la Contraloría.

También instó a los ciudadanos a la reflexión y a llevar a cabo una votación consciente durante los comicios de octubre próximo y, de esa manera, elegir a un representante digno.

"También es nuestra responsabilidad estudiar un poco el currículum vitae de nuestros candidatos", finalizó.

DESLINDE. De otro lado, el legislador de Solidaridad Nacional Gustavo Rondón anunció que su partido se encuentra evaluando la remoción de su compañero Heriberto Benítez de la bancada parlamentaria por su estrecho vínculo con el presidente regional de Áncash, César Álvarez.

"El viaje del congresista Zeballos (a Áncash) servirá para ver in situ cuánto de gravedad reviste el hecho y cuánto de compromiso podría existir en la relación Benítez-Álvarez", indicó. Agregó que la función de "escudero" que ha adoptado Benítez es "a título personal" y su partido no avala dicha posición.

Benítez, por su parte, calificó de "injusta" y "desproporcionada" la evaluación que realiza su partido. Contó que días atrás ninguno de sus colegas le indicó que estuviera obrando mal.