La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico en el caso que involucra a Andrés Hurtado, “Chibolín”, se encuentra con orden de ubicación y captura emitida por el Poder Judicial.
Ayer, el Poder Judicial le dictó 18 meses de prisión preventiva a Peralta por su implicancia en la devolución de lingotes de oro al empresario minero Javier Miu Lei.
El abogado Benji Espinoza (defensor legal de la letrada), indicó que su patrocinada pasa a la clandestinidad ejerciendo “su derecho a resistir una detención que considera arbitraria”.
NUEVA ESTRATEGIA
Esta decisión fue adoptada a pesar que horas antes el abogado defensor señaló que se estaba coordinando la entrega de la fiscal allanándose a la orden de prisión preventiva.
La prisión preventiva contra la fiscal Peralta fue dispuesta por la Corte Suprema, que declaró fundado el requerimiento de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos Por Funcionarios Públicos, revocando así el mandato de comparecencia emitido en primera instancia en octubre pasado.
DIRIMENTE
La resolución fue adoptada luego de que se alcanzarán los cuatro votos, con el voto a favor del juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo, requerido para revocar el mandato de comparecencia.
Las posiciones estaban tres a tres y Álvarez tuvo el voto final.
De este modo, el Poder Judicial dictó que la magistrada afronte la investigación con prisión preventiva.
“En consecuencia, revocaron este extremo del auto de primera instancia, reformándolo, impusieron a la encausada la medida de prisión preventiva por 18 meses, ordenaron se cursen los oficios para su ubicación y captura”, dispone la resolución judicial.
El asesor legal de la fiscal Peralta informó que presentará un hábeas corpus para anular la prisión preventiva de su patrocinada.
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