Los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público expresaron su rechazo a la Ley N° 32107, que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Mediante un pronunciamiento, indicaron que la promulgación de dicha norma tendrá un “impacto negativo” en investigaciones y procesos judiciales en casos de especial gravedad.
“Asimismo, perjudica el trabajo que se venía desempeñando ante las instancias judiciales especializadas en las que se encuentran los procesos de esta materia, y genera una grave situación de impunidad frente a las víctimas, sus parientes y la ciudadanía en general”, señalan.
Manifiestan que la publicación de la ley presupone un retroceso en la defensa de los derechos humanos, pues “menoscaba” el esfuerzo que los órganos de administración de justicia realizaban, con el objetivo de cumplir con la obligación internacional del Estado de juzgar este tipo de actos.
Además, refieren que dicha norma e contrapone abiertamente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que son de observancia obligatoria para los estados que han sido ratificados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros tratados internacionales de carácter regional y universal, como el Perú.
Entre los procesos afectados que mencionaron serían Madre Mía, Humaya Chambara, Geotendia, Lurigancho, Paccha I y II, Galván Borja, entre otros que están en investigación preliminar.
También, los casos Soras, Pichari, Ventocilla, Las Gardenias, Tabalosos, Chuschihuico, entre otros que están en investigación judicial o para emitir acusación fiscal.
Del igual forma, los casos Chuschi, Huanta 84, Huancapi, El Frontón, Universidad del Centro, Barrios Altos y El Santa, Huancapi, Cedruyo, Sobres Bomba, Accomarca, Hilario Trucios, Cantuta – Pativilca, José Navarrete Cabrera, Umasi Raccaya, Mamérita Mestanza, entre otros en etapa de juicio oral.
Posteriormente, los casos con sentencia como Chumbivilcas, Chuschi I, MMMB, Totos, Cabitos 1983, Santa Bárbara, Comando Rodrigo Franco, Martín López Rimachi y otros, Leonor La Rosa Bustamante, entre otros.
Asimismo, solicitan al despacho de la Fiscalía de la Nación que en marco al Acuerdo 6541-2024 de la Junta de Fiscales Supremos y lo señalaron en los artículos 203 de la Constitución y 98 del Código Procesal Constitucional, se interponga una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra dicha ley.
Finalmente, solicitan a la Junta de Fiscales Supremos que se emita un pronunciamiento respecto al impacto negativo de la norma sobre delitos de lesa humanidad y un respaldo institucional a los fiscales del Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.
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